El 6-F, un caso abierto en el debate político

El sobreseimiento provisional de la causa por los 15 inmigrantes fallecidos el 6 de febrero de 2014 no ha permitido acercar posturas en el ámbito político, como se demostró en ‘El Debate’ de Faro TV.

‘El Debate’ de Faro Televisión demostró que el caso 6-F, aunque haya sido sobreseido provisionalmente en el ámbito judicial, continúa desatando acaloradas discusiones políticas.  El programa tuvo como invitados ayer a Ramón García Pasero, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular, a Pablo Núñez, miembro del PSOE que actualmente no ocupa ningún cargo en el organigrama de su partido, a Juan Luis Aróstegui, diputado de Caballas, y a José Manuel Gómez, secretario de Política Social de Ciudadanos. Los cuatro expusieron las posiciones de sus respectivas formaciones en relación al auto de sobreseimiento provisional dictado por la juez que instruye el caso de los quince inmigrantes fallecidos cuando intentaban entrar irregularmente a Ceuta el 6 de febrero de 2014. Los cadáveres de cinco de estas personas fueron recuperados en días sucesivos a los hechos en distintos puntos de la costa española.
Ramón García, primero en tomar la palabra, empezó lamentando el fallecimiento de los inmigrantes. Y añadió que el PP se alegra por el archivo de la causa. “La juez no ha visto indicio de delito en ningún momento”, subrayó García, quien también recordó la figura del fallecido Francisco Antonio González, delegado del Gobierno cuando ocurrieron los hechos y que sufrió “una carga desproporcionada” de críticas. El auto, en opinión de García, “demuestra que Paco Antonio decía la verdad”.
También se alegró de la resolución judicial el representante de Ciudadanos, José Manuel Gómez, “a pesar del sentimiento que se puede tener por el fallecimiento de quince personas, probablemente muertes que podrían haberse evitado, como tantas otras que están teniendo lugar en el Mediterráneo”. No obstante, Gómez señalo que “derivar de ese hecho una actuación penal contra unos guardias civiles que ejercieron su acción dentro de su ámbito de competencias, era algo muy grave”.
Por su parte, el socialista Pablo Núñez, además de señalar su respeto a las decisiones judiciales, destacó que el auto analiza la invalidez de las pruebas de la acusación, pero no habla demasiado de las pruebas aportadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Y subrayó que el 6 de febrero “hubo una decisión política. Los guardias civiles no actúan a criterio propio, sino que actúan siguiendo unos protocolos que en ese momento no existían o responden a las decisiones políticas de un superior jerárquico o de un superior político, que en este caso sería el delegado del Gobierno, el director de la Guardia Civil o el ministro del Interior”.
El diputado de Caballas Juan Luis Aróstegui empezó su intervención  con tres puntualizaciones: “Primero, no voy a llevarme a ningún inmigrante a mi casa, no lo contemplo en mi proyecto de vida a corto plazo. Segunda cuestión, yo soy muy patriota. Tercer punto, no sé cuántas veces más habrá que repetir ‘viva la Guardia Civil’”. A continuación Aróstegui aseguró que el auto de la juez le había ocasionado “amargura”. Y subrayó la desprotección en la que se encontraban las víctimas cuando fueron repelidas por la Guardia Civil. En ese punto, el representante del PP recordó al diputado de Caballas el lanzamiento de piedras sobre los agentes por parte de los inmigrantes y la actitud violenta de éstos últimos. No obstante, Aróstegui insistió en subrayar la imagen de los agentes disparando pelotas de goma y empleando material antidisturbios sobre los inmigrantes que trataban de ganar la costa.
El popular Ramón García aprovechó para reprochar al PSOE su reacción tras los hechos del 6-F. Recordó los acontecimientos ocurridos en 2005, el respaldo del PP en ese momento al Gobierno de
Zapatero y criticó a los socialistas por tratar de aprovechar políticamente el 6-F. En este punto, Aróstegui tildó de “cobardes” al ministro del Interior, al director de la Guardia Civil y al anterior delegado del Gobierno “por haber dejado solos a los agentes imputados en el banquillo”.
El representante de Ciudadanos, José Manuel Gómez, calificó de “demagógica” la postura de Aróstegui y señaló que “criticar los hechos a posteriori es muy fácil”. Gómez señaló que la actuación de los agentes hay que contextualizarla en el momento y las circunstancias en las que se produjo. Sin embargo, no se atrevió a asegurar si los guardias civiles actuaron de forma correcta o no. En este punto, el socialista Pablo Núñez insistió en que ese día los agentes no actuaron por decisión propia, “eso no se lo cree nadie”. Y preguntó quién dio la orden de disparar. Según Ramón García, los guardias civiles actuaron como venían haciéndolo con los gobiernos de González, Aznar y Zapatero, “el mismo método, con un protocolo y con la misma proporcionalidad”, dijo. No obstante, Núñez acusó al PP de actuar en estos casos sin respetar “los derechos fundamentales de las personas, las leyes, los tratados internacionales...”
En relación a la actuación de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos en la madrugada del 6-F, el diputado de Caballas cree que su falta de respuesta efectiva se debió a que “el jefe de puesto ese día iba a su bola, los marroquíes querían hacer valer su cooperación o había algún tipo de tensión o conflicto entre gobiernos”.
No obstante, según el representante de Ciudadanos, si en estos momentos no hay tantas entradas de inmigrantes “se debe a la cooperación con Marruecos”.
Por su parte, el popular Ramón García respondió a Pablo Núñez expresándole su alegría por que “el PSOE ahora ponga algo de cordura en esta situación. El año pasado, en estas mismas fechas, Carracao dijo palabras muy duras en relación al delegado del Gobierno”. Y reprochó a Aróstegui que hubiera hablado en una cadena de televisión nacional de “manipulación de pruebas”.

Un auto que hace justicia o que deja muchas dudas en el aire

El diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, mostró su extrañeza por el hecho de que la juez instructora no hubiera llamado a declarar “a los jefes de los guardias civiles”. Los argumentos del auto “desde el punto de vista ético son absolutamente reprobables y lo que hay es una ideología antiinmigración”, en opinión de Aróstegui, quien considera que en ese escrito de la juez “hay un déficit claro de investigación”. Señaló que se desacreditan las pruebas presentadas. “¿Pero ella (la juez) ha investigado lo suficiente?”, se preguntó el diputado de Caballas.
En cambio, en opinión del popular Ramón García, la juez “no ha podido hacer más”. Y el representante de Ciudadanos, José Manuel Gómez, señaló que las partes personadas en la causa están en su derecho de solicitar todos los testimonios y pruebas que consideren oportunas. “Si no han declarado otras personas, me imagino que es porque las partes no lo han pedido”, afirmó y expresó su confianza en la justicia y en el Estado de Derecho en nuestro país.
Por su parte, el socialista Pablo Núñez considera que “faltan pruebas”. Pero señaló que además de la responsabilidad penal, también “hay que dilucidar la responsabilidad política. Tenemos que evitar que esto vuelva a pasar. Está claro que la política migratoria tiene que cambiar, porque el mundo no lo está imponiendo”.
Por su parte, Ramón García cree que el auto “es muy claro” y recordó que los agentes trabajan en la frontera en unas condiciones muy duras. También defendió que los guardias civiles actuaron conforme a la ley. “Si no te alegras del auto de sobreseimiento es que tienes muy poquito corazón”, dijo Ramón García dirigiéndose a Juan Luis Aróstegui.