En asuntos de menores hay que ser claros, cueste lo que cueste. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, lo ha sido, aunque ello le haya supuesto enfrentarse a las tesis difíciles de entender en un estado de derecho defendidas por su propio partido.
Un alcalde se debe a su tierra, que es la que gestiona y por la que debe mirar por encima de cualquier ideología política. Así ha sido. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, valoró en Ceuta la visión que, sobre el asunto de los menores inmigrantes, tiene Vivas hasta el punto de pedir que testimonios como el suyo sean escuchados por otras comunidades autónomas al menos por responsabilidad.
Porque se trata solo de eso, de ser responsables, de actuar conforme a la ley y la defensa de los derechos de los menores, de aplicar un criterio básico de solidaridad entre territorios y de ser un ejemplo ante Europa.
Vivas ha recibido críticas desde distintos frentes cuando precisamente la postura mantenida hasta el extremo ha sido no solo la más acertada sino la que supone un ejemplo claro para territorios que olvidan que la inmigración es un asunto global y que no cabe otra respuesta que proteger al menor.
La visión de Ceuta y Canarias ha sido el ejemplo a seguir después de semanas de bochornoso espectáculo en el que parece que se ha mercadeado con niños hasta el punto de transformarse el debate en una subasta pública de lotes.
Hay que gestionar con cabeza, hay que regular un asunto que se ha dejado abandonado durante tiempo y hay que responder con una acción estructural clave que suponga un alivio para ciudades frontera que no tienen por qué soportar una presión recibida únicamente por su mera ubicación geográfica.
Queda mucho por avanzar en este campo, demasiado por definir.
