El diputado Juan Gutiérrez, del
Grupo Parlamentario Socialista, ha
interpelado al Ejecutivo sobre el número de facturas y el importe total pendiente de pago a proveedores por parte de la
Ciudad y sus sociedades mercantiles y organismos autónomos hasta la fecha, además del tiempo transcurrido desde la recepción de la factura y el pago a proveedores y cuál es el importe abonado o pendiente de pago en concepto de intereses de demora. “Vemos como el Gobierno incumple una vez más con los compromisos. Desde hace un tiempo atrás venimos recibiendo quejas de los proveedores que trabajan para esta casa, pero no vienen recibiendo el pago. Esto trae consecuencias negativas para estas familias. En el grupo socialista apostamos por la transparencia y queremos que se cumpla con los plazos de todas las facturas que lleguen al Área de Fiscalización y que se haga frente al pago de estas facturas a la mayor brevedad para evitar los miles y miles de euros y los intereses de demora”, explicaba el socialista. En representación del Gobierno, Carlos Rontomé ha señalado que hasta el segundo trimestre del año, y a falta de cerrar el tercero, quedaban 459 facturas pendientes de pago, por lo que se han pagado facturas por un importe de más de 21 millones de euros y quedan pendientes unos 9 millones de euros por pagar. “El periodo medio de pago son 37,97 días, cuando el plazo debe ser de 30 días, y efectivamente estamos por encima de ese plazo. El importe de intereses de demora asciende a 303.894 euros. Sabemos que este tipo de demoras tiene un impacto en la economía de las empresas. Estamos luchando para rebajar ese periodo de pago a proveedores. Es cierto que algunas sociedades tienen un plazo menor de pago, pero esa es la media”, ha insistido. Finalmente, Gutiérrez ha considerado “muy grave que queden 459 facturas y más 300.000 euros en intereses”. “Hay que cuidar a las empresas, que cobran en un plazo de seis meses o un año después. En un máximo de 30 días debe estar pagada la factura en el Área de Intervención. Y si el proveedor se va al juzgado hay que pagarle un 8 por ciento más, dinero que sale del bolsillo de los ceutíes. Las empresas no pueden estar mendigando por cobrar un trabajo que han realizado correctamente”, concluía.