Efectos del cierre de la frontera: expulsiones y citaciones imposibles

El cierre de la frontera, que arrastra ya cinco meses desde que el pasado 13 de marzo Marruecos ordenara su clausura, tiene otras consecuencias importantes de impacto policial y judicial. El primero, porque la Policía no puede ejecutar las expulsiones de marroquíes por estancia irregular en la ciudad o porque han sido condenados por un juzgado y la pena de cárcel se ha sustituido por una expulsión que no puede llevarse a cabo. Esto provoca que los afectados o bien se busquen un refugio -cosa improbable porque no tienen dinero- o terminen en la nave del Tarajal. Sus identidades y las órdenes de entrega al vecino país están pero no pueden llevarse a cabo.

Judicialmente también hay consecuencias. La más grave, la imposibilidad de celebrar aquellos juicios en los que los acusados residen en Marruecos con lo que no pueden desplazarse para asistir a la vista judicial por una razón de peso, además de que tampoco puede hacerse una videoconferencia con un país extranjero con el que ni siquiera hay colaboración a la hora de las investigaciones de asuntos que competen a ambos países. En el caso de los testigos claves que viven en el vecino país o se encontraban allí con motivo del cierre de fronteras sucede lo mismo, no pueden comparecer por causa justificada a los juicios. Ya son varios los procedimientos acumulados que no se pueden desbloquear de ninguna de las maneras para darle el oportuno carpetazo judicial.

Y es que son ya cinco meses de una frontera cerrada que, sin embargo, ha favorecido a acelerar la obra que se está llevando a cabo en el Tarajal y se estén cumpliendo los plazos al no toparse ni con tráfico de vehículos ni avalanchas de personas. Esta obra principalmente ha consistido básicamente en el cambio de las canalizaciones usadas para la entrada y salida de personas, además del cambio completo en la estructura del techado cuya degradación y oxidación era notoria