La magistrada titular del
Juzgado de lo Penal Número 2 de Ceuta ha dejado visto para sentencia un juicio por el que a M.H. se le acusa de un delito de coacciones sobre A.E.H. Por este hecho, el Ministerio
Fiscal ha solicitado, tras las versiones de la acusada y de los diferentes testigos, una pena 20 meses de multa a razón de 10 euros diarios. La acusación particular, sin embargo, pide una condena de 1 año y 10 meses de prisión, una multa de 10 euros diarios durante 19 meses, además de 450 euros mensuales desde que el inquilino fue expulsado de su casa y hasta que salga la sentencia. La Defensa, por su parte, pide la libre absolución de su representada alegando que no existe una prueba veraz de que el menor de edad se encontrara dentro de la vivienda y explicando las múltiples contradicciones que ha realizado el denunciante tras su declaración. El suceso al que se hace referencia en este juicio se produjo el 3 de septiembre de 2019. Todo concurre por una vivienda que sita en la calle Virrey Conde De Vergara, propiedad de M.H. y acusada por su inquilino de un delito de coacciones. M.H. le alquila en marzo de 2018 su vivienda a N.R., expareja del denunciante, con un contrato en vigor hasta marzo de 2019. Ahí la propietaria de la vivienda y la arrendada dan por finalizado el contrato y abandona la vivienda, dejando a su exmarido y sus tres hijos. La propietaria de la casa se persona en el lugar y pide al denunciante A.E.H. que abandone la vivienda, y este le responde que le dejara unos días mientras se buscaba otra viviendas. La propietaria “por pena” de tener 3 hijos accede y le deja la vivienda. Al cabo de los meses no recibe nómina alguna y empieza a llamar al denunciante, pero no encuentra respuesta alguna. Tras unos meses visitando la vivienda y según cuenta la acusada comprobando que no vivía nadie, decidió en septiembre personarse y “tras unas horas” decidió llamar a su hermano para que apareciera con un cerrajero y cambiara la cerradura. Hasta ahí puede ser algo ‘normal’, el problema radica en que el denunciante alega que cuando los propietarios entran en su vivienda se encontraba uno de sus hijos estudiando y le amenazan y lo sacan a la fuerza de la casa. Cuando el menor de edad se ve en la calle, llama a su padre que según explica se encontraba comprando en una tienda y aparece para pedir explicaciones. Según el denunciante, la propietaria le grita e insulta en árabe y le comenta que no le va a dar nada de lo que hay en la vivienda, que lo va a vender todo para recuperar “los destrozos” ocasionados en la vivienda. Lo que sí admite, es que la acusada tuvo una conversación con él y que le pidió que le dejara unos días hasta que pudiera buscarse otra vivienda. Tanto la acusada como los testigos que llevaba la Defensa coinciden en que el menor de edad no se encuentra dentro de la vivienda cuando deciden cambiar la cerradura, sino una vez cambiada se lo encuentran en el portal en compañía de su padre. En ese aspecto es donde más difieren las partes, y por la que se ha llevado a cabo este juicio por si existe o no un delito de coacciones. Tras escuchar los diferentes testimonios de los testigos, en muchas ocasiones contradictorios hasta con sus mismas declaraciones, la magistrada tendrá que tomar una decisión.