La decisión del consejero de Fomento y portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, de paralizar el proceso selectivo para cubrir plazas de experto en medio forestal en Obimasa es, sencillamente, la correcta.

No se trata de señalar culpables antes de tiempo ni de emitir condenas anticipadas. Tampoco de poner en cuestión el trabajo de quienes integran un tribunal sin que exista una investigación previa. Se trata de algo mucho más básico: proteger la credibilidad de un proceso público que ha quedado seriamente dañada por las dudas generadas tras conocerse los resultados de la prueba teórica.

Que tres aspirantes obtuvieran la máxima puntuación en un examen tipo test de 60 preguntas no es, por sí mismo, prueba de ninguna irregularidad. Pero cuando esa circunstancia coincide con la existencia de vínculos familiares con personal de la sociedad municipal y con un examen elaborado apenas un día antes de su realización, las preguntas surgen de manera inevitable. Y cuando aparecen dudas razonables, la obligación de cualquier administración es despejarlas.

Por eso, la paralización del procedimiento no debe interpretarse como una admisión de culpa, sino como una garantía. Es una medida de prudencia, de responsabilidad institucional y de respeto hacia todos los opositores, incluidos aquellos que han obtenido las mejores calificaciones.

La confianza en los procesos selectivos es uno de los pilares de cualquier administración pública. Los ciudadanos deben tener la certeza de que el acceso al empleo público se rige exclusivamente por los principios de mérito, capacidad e igualdad. Cuando esa confianza se quiebra, aunque solo sea por la apariencia de una posible irregularidad, es imprescindible actuar.

Ramírez ha entendido que, ante una situación de esta naturaleza, mirar hacia otro lado no era una opción. Lo correcto era detener el procedimiento, revisar cada paso dado, analizar la custodia del examen y esclarecer cualquier sombra de duda.

Porque la mejor manera de defender la limpieza de un proceso no es ignorar las sospechas, sino investigarlas. Y porque, en la gestión pública, ante la duda, siempre debe prevalecer la transparencia.