El Ministerio del Interior de Marruecos ha anunciado que adoptará medidas tecnológicas de vigilancia, entre las que se incluyen imágenes por satélite y drones, para monitorear la creciente incidencia de construcciones ilegales, tanto en áreas rurales como urbanas.
En respuesta a una pregunta del grupo parlamentario del Movimiento, el titular de la cartera ministerial, Abdelouafi Laftit, explicó que “las autoridades locales están trabajando para activar comités de monitoreo de campo, apoyados por herramientas digitales, para monitorear las construcciones sin licencia e intervenir inmediatamente para detenerlas”, comenta el medio de comunicación Tanja 24.
En este sentido, Laftit comentó que estas medidas forman parte de los esfuerzos para actualizar los datos espaciales sobre planificación urbana y mejorar las herramientas de seguimiento e intervención rápida, subrayando que este fenómeno supone un verdadero desafío para la planificación espacial y la provisión de servicios básicos.
El funcionario gubernamental agregó que la construcción aleatoria no se limita a las ciudades, sino que se extiende a las zonas rurales, donde las autoridades están registrando casos de expansión constructiva no regulada en zonas no sujetas a planificación previa, creando presión sobre la infraestructura e impactando la calidad de vida.
Según la misma fuente, los drones realizan estudios aéreos de áreas específicas para monitorear cualquier nueva construcción, mientras que los satélites proporcionan imágenes periódicas que se utilizan para comparar las condiciones urbanas y monitorear los cambios que ocurren en ellas.
Problema complejo
La construcción irregular es un problema complejo que enfrentan las comunidades locales, a menudo vinculado a factores socioeconómicos como la necesidad de vivienda y la creciente migración rural.
Mientras tanto, las autoridades enfrentan dificultades para implementar las órdenes de demolición o detener a los infractores.
El Gobierno había subrayado anteriormente la necesidad de coordinación entre las distintas partes interesadas, incluidas las autoridades locales y los consejos electos, para garantizar la aplicación de las leyes relacionadas con la construcción y detectar las infracciones en sus primeras etapas.
