Aseguran que abonaron un total de 20.000 euros para hacerse con cuatro viviendas a intermediarios.
Las diligencias judiciales que desde el verano pasado instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad autónoma cuentan con dos personas en calidad de investigadas tras haber declarado que abonaron un total de 20.000 euros para hacerse con cuatro Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la promoción de Loma Colmenar, con una en un caso y con tres en otro a razón de 5.000 euros por casa, según han informado distintas fuentes cercanas a la investigación.
Ambos ciudadanos están investigados (la nueva terminología que utiliza la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lo que antes se conocía como ‘imputados’) por un presunto delito de cohecho tras confesar en sede judicial que desembolsaron esas cantidades a dos supuestos intermediarios distintos para contar con garantías de hacerse con la adjudicación de viviendas en la controvertida promoción, cuya situación llevó a los Juzgados el Gobierno de Ceuta después de que en junio del año pasado se publicase una ‘lista fantasma’ de presuntos beneficiarios.
En septiembre del año pasado este periódico ya informó de que la Policía Nacional mantenía abiertas dos investigaciones en paralelo en torno a la presunta corrupción que rodearía la adjudicación de viviendas tipo VPO. La última era la emprendida a raíz del escándalo surgido por la publicación de ese listado. De más atrás venía otra que permitió a los grupos de investigación proceder a la detención y puesta a disposición judicial de al menos una persona por su presunta relación con las exigencias de cantidades de dinero que oscilaban entre los 8.000 y los 10.000 euros para la supuesta adjudicación de VPO. Además la Policía tenía identificadas a seis personas más relacionadas con esta presunta trama.
Estas diligencias fueron archivadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad a finales del año pasado.
La juez responsable de la investigación de todas las derivadas relacionadas con la promoción de Loma Colmenar mantiene desde octubre bajo secreto de sumario esas diligencias, en las que Antonio López declaró como investigado y una docena de políticos del Gobierno y de la oposición y trabajadores de EMVICESA en calidad de testigos.
Las diligencias archivadas, fruto de escuchas
La investigación policial que, una vez en el Juzgado, terminó archivada a finales del año pasado, comenzó a raíz de unas conversaciones telefónicas interceptadas en el marco de otras investigaciones que estaban llevando a cabo por asuntos vinculados con la Seguridad Ciudadana. De dichas conversaciones se supo de la existencia de personas que se estaban dedicando a exigir dinero a otras personas prometiéndoles a cambio la supuesta adjudicación de una VPO. En julio del año pasado los funcionarios dedicados a las pesquisas procedieron a detener a un individuo e identificar a 6 sujetos que tendrían relación con estos hechos.
El que paga se expone a penas iguales al funcionario que cobrase
El artículo 424 del Código Penal establece que el particular que “ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función”, será castigado en sus respectivos casos con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida, que en los supuestos más graves van de tres a seis años de prisión con multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años.
A través de esta modalidad de cohecho se castiga a la persona que no representa a la función pública pero que puede afectar con su conducta a su correcto funcionamiento. El bien jurídico protegido es la salvaguarda de la función de la Administración pública frente a las conductas de particulares que ponen en riesgo su integridad. La jurisprudencia prevé igualmente que la iniciativa tenga su origen en el funcionario, limitándose el particular “aceptar la propuesta tanto de una entrega inmediata como futura de la dádiva”.
