Dos funcionarios, implicados en la publicación de fotos de reclusos en una red social

La cámara estaba en una bolsa que introdujeron en la prisión, aunque dicen que desconocían que se encontraba ahí Dos funcionarios adscritos al Centro Penitenciario de Los Rosales están implicados en el pase de una cámara de fotos al interior de este establecimiento, que después propició la publicación de fotografías de internos en una red social.
Tal y como ha podido saber este medio, el familiar de un interno de esta prisión entregó a un funcionario una bolsa en la que, al parecer, había bocadillos y unas golosinas. El trabajador accedió a realizar el favor e introducir esta bolsa, a través de un compañero, para hacérsela llegar.
Además de este incumplimiento, ya que se introdujo el paquete a través de un conducto que no era el reglamentario, en el interior de la bolsa había una cámara de fotos, con la que se tomaron las imágenes que posteriormente se subieron a la red. Los funcionarios implicados aseguraron que no sabían que en la bolsa había una cámara.
El anterior cuerpo directivo de la prisión ceutí fue el encargado de llevar ante la Inspección este hecho, tal y como ya publicó ‘El Faro’.
El expediente continúa ahora abierto y aún no se conoce el resultado del mismo, sólo que hay dos funcionarios implicados: el que le cogió la bolsa al familiar del interno y quien la introdujo en la prisión de la ciudad.
Las imágenes de los internos aparecieron hace varios meses publicadas en una red social, por lo que a éstos se les abrió un expediente, tal y como marca el protocolo de actuación en estos casos. Uno de los implicados es uno de los cuatro jugadores de la AD Ceuta de la Liga Nacional de Juveniles que fue detenido con hachís escondido cuando el conjunto se dirigía hacia la península a disputar un encuentro de la competición.
Cuando ocurrió este hecho, inspectores de Instituciones Penitenciarias visitaron la penitenciaría para entrevistar a los funcionarios implicados.
El protocolo que se activó en aquel momento es el que se pone en funcionamiento cuando hay indicios de que se ha producido una irregularidad en el interior de un establecimiento penitenciario.