Denunció el robo de su moto acuática que fue interceptada horas antes con más de 60 kilos de hachís.
Dos acusados por un delito contra la salud pública o tráfico de drogas implicaron ayer a un tercero, propietario de la moto acuática en la que fueron interceptados por la Guardia Civil el 11 de julio del año pasado con más de 60 kilos de hachís dispuestos en dos fardos que iban a remolque de la embarcación. El tercer acusado aseguró no conocer previamente a los dos procesados, mientras que éstos únicamente afirmaron que sabían que la moto acuática era de D.J.C. si bien coincidieron en afirmar que cogieron la embarcación cuando ésta ya estaba preparada para el viaje. “Sólo nos dijeron que la moto era de D.”, afirmó el primer procesado. “Me lo dejaron todo preparado con las llaves y la gasolina”, aseguró el segundo de los acusados, de nacionalidad marroquí, M.L. No quedó claro en el juicio celebrado ayer en la sala de lo Penal número 1 de nuestra ciudad si el dueño de la moto acuática sabía el destino de ésta, es decir, preparar la entrada de hachís a la península desde la costa africana.
La versión de D.J.C. sobre lo que hizo el día de los hechos fue corroborada por una amiga suya, testigo sorpresa en la vista judicial de ayer. ‘Aparcó’ la moto acuática en el puerto de Estepona y se dispuso a comer con su amiga en un chiringuito cercano. Durante la hora en la que estuvieron comiendo no tenía a la vista de manera constante su embarcación, por lo que después de la comer se encontró con el sitio vacío. El coacusado explicó a la juez que no pensó, en un principio que le podían haber robado la moto acuática, y creyendo que se había soltado del amarre y que podía estar navegando a la deriva, recorrió la costa cercana y los puertos cercanos en su busca. Siempre acompañado de su amiga.
Denuncia de robo sospechosa
La búsqueda fue infructuosa y decidió interponer la denuncia por robo a las 20:30 horas de ese día. Si bien la Guardia Civil ya había interceptado a las 15:40 horas la moto acuática con los dos fardos de hachís. Este hecho levantó la sospechas de los investigadores, según aseguró en la sala uno de los guardias civiles encargados de la investigación.
Los agentes que llevaron las pesquisas también analizaron el tráfico de llamadas entre los teléfonos móviles que se incautaron a los dos detenidos en el momento de su arresto. Uno de los teléfonos con el que constaban varios intercambios de llamadas coincidía con un teléfono cuya titularidad pertenecía a la madre de D.J.C., el tercer acusado. Éste explicó que a principios de mayo había puesto a la venta la moto acuática, lo que ocasionaba muchas llamadas de personas interesadas en adquirirla y otras llamadas eran de un carácter más molesto. Esta afirmación fue sorpresiva para la fiscal pues el acusado había comprado la moto acuática en abril y en mayo la había puesto a la venta. La explicación: “Me empezó a dar fallos y la quería vender”, insistió.
Tampoco quedó claro en la vista de ayer si éste y el coacusado marroquí fueron identificados por la Guardia Civil un mes antes de los hechos en el puerto de Málaga, lo que podría ubicar a ambos en el mismo lugar y por tanto conocerse previamente, algo que ambos negaron ayer.
El caso quedó visto para sentencia con una petición fiscal de una pena de cuatro años de prisión y una multa de 290.937 euros para el dueño de la moto acuática, mientras que para los otros dos acusados el Ministerio Fiscal les aplicó el atenuante de colaboración con la justicia y solicitó una pena de tres años y tres meses de cárcel y una multa de 96.979 euros para cada uno. Sus abogados defensores expresaron su conformidad, mientras que el tercero insistió en solicitar la absolución para el propietario de la embarcación.
