La madrugada del 29 de septiembre, cinco inmigrantes subsaharianos fallecieron víctimas de disparos y lesiones causadas por las concertinas de un vallado que intentaban sortear. Han pasado 12 años y todavía no se ha juzgado a quienes se vieron implicados en los tiros por la espalda que estos inmigrantes recibieron en su intento por saltar la valla. Eran más de 700 personas, casi 300 quedaron ingresadas en centros sanitarios de la ciudad pero otras tantas fueron expulsadas a pesar de tener heridas graves. De todo aquello nunca se investigó nada, ni las expulsiones de personas heridas ni cómo se produjeron esas muertes. Tampoco se investigó dónde quedaron los desaparecidos ni cómo se consintió la expulsión al desierto de todos los detenidos.
Marruecos dijo haber abierto una investigación, ya que los muertos por heridas de bala quedaron en su territorio y esas balas les habían alcanzado por la espalda. Nadie fue sentado en el banquillo. En España tampoco hubo una reacción política contra las expulsiones que se estaban produciendo y el Gobierno de Rodríguez Zapatero, de aquel entonces, mandó a las tropas del Ejército a la zona para controlar la doble valla junto a la Guardia Civil. Los asentamientos al otro lado habían sido levantados en batidas con uso de perros.
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