Hay acusaciones que, por venir de quien vienen y por el momento en que se formulan, merecen algo más que una respuesta política. Que el ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, evite determinar si Juan Vivas ha mantenido una plena lealtad institucional durante la crisis de Ceuta y que, un día después, el ministro de Transportes, Óscar Puente, acuse al presidente de haberse convertido en “un mero peón” de Alberto Núñez Feijóo, supone un salto cualitativo en la relación entre Madrid y Ceuta. O, al menos, eso es lo que parece. En este momento tan delicado conviene poner las cosas en su sitio.
Porque si de algo ha hecho gala Juan Vivas durante su trayectoria al frente de Ceuta ha sido precisamente de lealtad institucional, con independencia del color político de La Moncloa. Ha reclamado, protestado y discrepado con gobiernos socialistas, pero también ha mantenido la cooperación cuando las circunstancias lo exigían. Incluso a costa de incomodidades dentro de su propio partido.
Ahí está, por ejemplo, su posición respecto al reparto de menores no acompañados, defendiendo una solución solidaria para Ceuta mientras la dirección nacional del PP mantenía otra postura. Resulta difícil presentar como “peón” de su partido a quien ha sostenido posiciones que podían generarle costes políticos dentro del mismo. El punto de ruptura parece haber llegado ahora con los terrenos portuarios destinados a instalar carpas para más de un millar de inmigrantes.
Y es perfectamente legítimo que el Gobierno de Ceuta se oponga a una decisión que considera perjudicial para una infraestructura estratégica para la ciudad, con actividad económica, logística y energética esencial. Lo es también cambiar de opinión contando con todos los informes oportunos encima de la mesa. Eso es gestión, eso es política.
Defender que existen otras ubicaciones no debería convertirse automáticamente en una falta de lealtad institucional.
Vivas es el presidente de la Ciudad Autónoma y, como tal, tiene la obligación de defender los intereses de Ceuta, incluso cuando eso le lleva a discrepar de Madrid. Y ahí es donde las palabras de Puente resultan especialmente desafortunadas. Se puede cuestionar una decisión, reprochar un cambio de criterio o exigir colaboración. Lo que cuesta justificar es convertir una discrepancia entre administraciones en un ataque personal y partidista.
No es tiempo de bocazas, no es tiempo de gamberrismo político. Al contrario, es el momento de respetar a Ceuta y solventar este gran problema cuanto antes.
Si hablamos de lealtades, también habría que preguntarse por la gestión del Gobierno central durante una crisis provocada por una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos que puso contra las cuerdas los servicios públicos, sanitarios y de acogida de Ceuta. Una crisis cuya dimensión excepcional ha terminado reconociendo el propio Gobierno. Tarde, pero lo ha hecho. Pedir perdón ya es otra cosa. Antes, parece, eran más sagradas unas vacaciones.
Resulta paradójico que, después de todo lo ocurrido desde el 30 de julio, el debate termine centrado en la supuesta deslealtad de quien gobierna el territorio que ha soportado directamente sus consecuencias. Resulta grotesco y escandaloso.
Si Madrid considera que Vivas ha incumplido su deber institucional, debería explicar cuándo y cómo. Porque no basta con insinuarlo.
Ceuta no necesita ministros acusando a su presidente de ser un “mero peón”, ni presidentes respondiendo a cada provocación. Necesita soluciones.
El Gobierno central tiene la obligación de escuchar a Ceuta. Y el Gobierno de Ceuta, de defenderla. Ambas cosas no deberían ser incompatibles.
Porque, en definitiva, la lealtad institucional no consiste en estar de acuerdo con el otro, sino en ser capaz de discrepar sin convertir al discrepante en un enemigo.
