La Guardia Civil, con su apego a la estadística, se ha propuesto repuntar la de las sanciones a sus trabajadores. Vuelve a estar de moda la idea de la “mano dura” como fomento de la disciplina y el trabajo. Esto es lo que puede desprenderse de los datos facilitados por el propio Gobierno al grupo parlamentario de Izquierda Unida: 1.861 expedientes disciplinarios a lo largo del pasado año. Un dato que supone un incremento del 25% en los últimos seis años. Pero aún es más preocupante el aumento de casi el 50% en las faltas graves, “penadas” en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil con sanciones que pueden suponer para el agente de tres meses y un día de suspensión de empleo y sueldo a seis años o la separación del servicio expulsión de la Guardia Civil.
El diputado de Izquierda Plural, Ricardo Xisto, se interesó recientemente por el alarmante aumento de agentes expedientados en la Guardia Civil. Un repunte sancionador que AUGC lleva denunciando los últimos años y que ha podido detectar, no sólo por la persecución que han sufrido y sufren sus propios cargos asociativos por ejercer su labor representativa, sino por el incremento de la carga de trabajo en sus gabinetes jurídicos.
Unos fríos datos estadísticos que no pueden esconder que son personas los que están detrás de ellos. Trabajadores que día a día deben acudir a su puesto con la presión añadida de evitar ser sancionado. Porque de ser así supondría un grave daño para su economía familiar bastante resentida ya con los recortes económicos de los últimos gobiernos. Por eso ahora, además de esforzarse en realizar bien su trabajo y de preocuparse por su propia seguridad, los guardias civiles tienen que hacerse “invisibles” para sus mandos y no ser así sancionados.
LA DISCIPLINA CON SANGRE ENTRA
En pleno siglo XXI en esta Institución aún se sigue apostando por lo de “la disciplina con sangre entra”. Estos 1.861 expedientes disciplinarios de la Guardia Civil son un ejemplo claro de esta máxima que ignora, de manera descarada, las prácticas recomendadas por los departamentos de personal más competentes o los manuales de psicología laboral moderna, donde se refleja que los buenos ambientes de trabajo aumentan la productividad de sus empleados.
Este incremento alarmante del número de agentes sancionados debería llevar a los máximos responsables de la Guardia Civil a cuestionarse si es este el modelo de trabajo que se quiere para la Institución. Con unos mandos que, como se puede ver, están anclados en el pasado y se empeñan en revivir prácticas militaristas para disciplinar policías.
Pero tras esta cifra estadística hay otra aún más preocupante: a los 1.861 expedientes habría que añadir todos los expedientes que se ganaron en recurso de alzada, o en los tribunales y que no vienen recogidos en los datos facilitados por el ejecutivo. Estamos hablando de un porcentaje excesivamente elevado (más para un país democrático) de agentes que han sufrido la injusticia de soportar un expediente disciplinario y que no tendría que haberse instruido .
Este incremento en el número de sanciones también sea hecho notar en AUGC, en forma de persecución a sus cargos representativos provinciales y nacionales, expedientados, todos ellos, por ejercer sus derechos como dirigentes de una Asociación Profesional de la Guardia Civil, legalmente constituida y reconocida por la Ley de Derechos y Deberes. Expedientes que solo buscan minar a la Organización desde sus bases para impedir que continúe creciendo como mayor organización policial del país. Una persecución que quiere terminar con el espíritu democrático y asociativo dentro de la Guardia Civil, donde a pesar del miedo al expediente que aún se siente entre sus trabajadores estos, con su afiliación, dejan muy claro que no están dispuestos a volver al pasado.
Ataques en forma de expedientes que solo en la etapa del gobierno del PP se ha reflejado en la instrucción de más de 20 expedientes a sus dirigentes. Los dos últimos aún muy recientes instruidos contra el secretario general y de organización de Badajoz. Dos representantes de AUGC que se habían sido expedientados por convocar una concentración, autorizada por la Subdelegación del Gobierno, el pasado 12 de octubre.
