El artículo 49 de la Constitución acaba de ser redactado de un modo más presentable y el CERMI (representantes de las personas con discapacidad) se lo ha hecho saber al gobierno de la ciudad.
Sus señorías han tardado décadas en comprender que es casi imposible encontrar a una persona que no experimente dificultad alguna en sus capacidades. Discapacidad, en una u otra medida, en uno u otro ámbito, la padecemos muchos, si no todos. Por eso resulta inadecuado reducir la dificultad a una categoría, habilitada por unos redactores que creen estar a salvo de carencias, con capacidades autoproclamadas de espectro -parece ser- universal.
La nueva redacción es tan solo un poco menos burda que la anterior, al despejar la desafortunada etiqueta de “disminuidos”, pero está lejos aún de advertir dónde habita el acierto, que reside desde hace décadas en la idea de diversidad funcional. Cuánto tiempo tardará la clase política en percibir que el problema no está en la redacción, sino en el concepto, y en la obstinada ceguera de una sociedad que no espera ni confía en las posibilidades del colectivo, confinándolo en un solo artículo, el 49, cuyo alcance hay que venir a leérselo encima, en modo cartilla, a los responsables públicos.
Una sociedad verdaderamente avanzada, señorías, que existe y está entre nosotros, trabaja desde hace décadas empoderando a las personas y haciendo de intérprete entre ellas y ustedes. Y ha venido a explicarles que no trabajar adecuadamente en emancipación, independencia y bienestar de las familias, es el verdadero germen de la exclusión.
Así que bienvenido el moderado progreso en reconocimiento, naturalmente, pero cuatro millones de personas con discapacidad en España no caben en una casilla, necesitan tantas oportunidades como recursos y no pueden ser despachados con un mero baile de términos. Sin más
