El director del Centro de Realojo Temporal
La Esperanza, Julio Manuel Rodríguez, ha interpuesto una denuncia penal por calumnias e injurias contra el exconsejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, encarcelado desde el 13 de enero por supuestos
abusos sexuales sobre menores especialmente vulnerables. El doctor dijo que el funcionario era uno (“hay
varias personas, entre ellos el director del Centro La Esperanza, claro”, le apuntó literalmente) de los que estaban “coaccionando” y “extorsionando” a subordinados y niños tutelados para imputarle los comportamientos que al final terminaron con su
entrada en prisión provisional tras una investigación de más de medio año de la
Guardia Civil. El fondo del asunto radica en su intervención ante las cámaras rodeado de algunos pretorianos de su partido el 30 de septiembre del año pasado. Entonces ligó a un complot “mafioso e indecente” preñado de “mentiras” en su contra las primeras informaciones que daban cuenta de que se le había prohibido acceder a los equipamientos del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad, algo que acabó reconociendo ese mismo día de manera implícita, aunque afirmando que era él quien les había dicho adiós. Guerrero citó hace casi un año a algunos medios ante la Jefatura Superior y anunció que lloverían denuncias respaldando su teoría conspiranoica, según la cual se coaccionaba a niños para imputarle falsedades con el objetivo de destruir su carrera política: “Van a declarar testigos [que] han visto lo que han hecho con los menores, han visto lo que han coaccionado a los menores, y lo que han extorsionado a los menores, y lo van a decir, ¿vale? Y van a aparecer ¿eh? Trabajadores, testigos e incluso si es necesario traeré a los menores, que están dispuestos a venir a declarar, y entonces se sabrán muchas de las cosas que están ocurriendo”, vaticinó. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 acaba de archivar por segunda vez las diligencias abiertas tras colegir a la luz de las indagaciones de la
Policía Nacional que “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa”. Según Guerrero, al que la Guardia Civil ya investigaba desde hacía meses, todo se debía a que él había “descubierto muchas cosas en esta Área de Menores que no le gustaría a mucha gente que yo hablara”. “Quizás”, disparó, “he descubierto ciertos tratos a los menores que mucha gente no les gustaría que hablara. Quizás he descubierto algunas actitudes de algunas Direcciones de los menores que quizás no les gustaría a la gente que hablara. Quizás he descubierto cómo se ha tratado a los menores, quizás a la gente no le gustaría que yo lo dijera. Es muy serio todo lo que se está produciendo aquí y quieren un chivo expiatorio para acabar y ese soy yo por lo visto”.
El médico señaló a “los responsables” del centro como autores de coacciones a niños
El médico, que pidió jubilarse tras entrar en prisión preventiva, privación ratificada por la Audiencia Provincial, anunció que trabajadores de los centros de Menores darían cuenta de la existencia de “ofertas de ascenso” y de “desplazamientos a los menores hacia la Península que afirmasen que yo he realizado alguno de esos infames actos que los indecentes poderes de esta ciudad tratan de atribuirme falsamente”. “Todo el mundo sabe las promesas que se están produciendo: prometer, coaccionar a los menores, para que me acusen y me denuncien con la promesa de que van a subir a la Península”, añadió antes de señalar directamente a “los responsables de 'La Esperanza' de arriba [dependencias gestionadas por la Ciudad]” y “los responsables de 'La Esperanza' de abajo [SAMU]” como autores de “amenazas, malos tratos y coacciones con extorsiones”. “He dicho que son los responsables que llevan ‘La Esperanza’. No tengo por qué decir nombres, creo que saldrá todo en los juicios, hay muchos testigos”, replicó Guerrero cuando se le pidieron nombres y apellidos. A la única que citó con esos detalles fue a la jefa del Área, Toñi Palomo (“señora... no señora”, la despreció), de la que retorció una conversación de Whatsapp para afirmar qué había sido él quien había “roto” la relación con Menores y no al revés, como había sucedido.
“Esto es un clan”
“Esto es un clan que se habla, se reúne, se comenta, planifica como quiere para acabar conmigo, pero no puedo asegurar ni acusar a nadie de ese tipo sinceramente, puedo acusar lo que sé que me han dicho los menores y puedo acusar a los que sé que han dicho los trabajadores”, se parapetó tras los niños y los denunciantes que anticipó, que al final fueron un conductor de Cruz Roja, un vigilante y una trabajadora de la bolsa de empleo, todos ligados de alguna forma con él. Rodríguez no descarta actuar también penalmente contra los medios de comunicación y perfiles en redes sociales que usaron las palabras de Guerrero para ponerle en el centro de la diana pública. El Código Penal prevé penas de prisión de hasta 24 meses por propagar con publicidad “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. Las injurias pueden ser sancionadas con multa de hasta 14 meses si se “lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación” con “conocimiento de su falsedad” o “temerario desprecio hacia la verdad”. La jurisprudencia es abundante en el sentido de que no es preciso acto de conciliación previo ni interponer querella cuando se trata de presuntas calumnias contra un funcionario público en el desempeño de su cargo, como sería el caso de Rodríguez, que ha solicitado personarse en el procedimiento como acusación particular.