La representación letrada de los dos diputados no adscritos, María del Carmen Vázquez y José María Rodríguez, terminará llevando a la justicia el hecho de que a los ex de
Vox no les “den voz” en los
plenos ni se les permita la presentación de propuestas, entre otras labores. Este miércoles se presentaron dos escritos dirigidos a la Mesa Rectora de la Asamblea de Ceuta en los que se suplica, básicamente, que se haga justicia. El pasado 17 de febrero, ambos diputados solicitaron por escrito su incorporación a las distintas comisiones de la Asamblea, así como la asistencia a las Juntas de Portavoces y a los Consejos de Administración de las empresas municipales. Argumentaban dicha petición en el “fiel reflejo del derecho de participación de los diputados en las distintas actividades de la Asamblea”. Tres meses después no ha habido respuesta en positivo o negativo para resolver esta situación.
De nuevo se ha vuelto a presentar escrito solicitando sean aceptadas sus reclamaciones como paso previo a acudir a los tribunales, considerando que tienen “respaldo legal” para ello en base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En el escrito, los afectados consideran que “el plazo legal” después de haber presentado los escritos “ha transcurrido con creces”, entendiendo que debería haberse convocado una sesión para tratar “los derechos y deberes” de ambos diputados “respecto del derecho de participación, regulado en la Constitución, que impone dicho derecho a los poderes públicos y en este caso a la Mesa rectora, la cual debe cumplir con ese mandato legal. De no respetarse y ampararse el mismo se estaría cometiendo una infracción a nuestro ordenamiento jurídico”, indican.
Petición de un pleno
Vázquez y Rodríguez denuncian que la Mesa ya debía haber resuelto su petición, aludiendo a que a pesar del estado de alarma se han celebrado sesiones plenarias de manera telemática. Sin embargo “no se ha resuelto ni convocado ninguna sesión al efecto” por lo que ambos denuncian que se les está causando “un perjuicio grave” tanto a ellos “como las personas a las que representan a través de su mandato representativo que son, en definitiva, los ciudadanos”.
La representación letrada de los dos diputados toma como fundamento precedentes que avalarían su petición y en los que “sí se respetó” los derechos de los diputados que se habían separado de sus grupos políticos iniciales, como ocurrió con Caballas. En sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía de abril de 2014 sobre la situación de una diputada no adscrita se dictó que “no puede considerarse de peor condición que el resto. El diputado, adscrito o no, ha recibido la confianza de sus electores y esto lo habilita para el ejercicio de sus funciones merced a esa confianza obtenida y no puede considerarse de peor condición que el resto de integrantes de la Cámara”, indica ese fallo. El TSJA respalda que “el hecho de no admitir a trámite una propuesta presentada para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión Plenaria correspondiente” o “vetar” su participación en consejos de administración de sociedades municipales “no puede sino interpretarse como un acto contrario al derecho que, reiterada jurisprudencia del Constitucional, reconoce a los diputados no adscritos en orden a participar en la actividad de control del gobierno local, presentando mociones y escritos”, consideran en su reclamación los diputados.
Vázquez y Rodríguez mantienen que se está consintiendo una “ilegalidad” al no reconocerles por lo que reclaman que “a la mayor brevedad” sea convocada una sesión plenaria para abordar su petición, ante la advertencia de que, “de no ser así” interpondrán las acciones legales penales o administrativas oportunas.