En estos días está teniendo lugar la ronda de firmas de contratos temporales del plan de empleo 2010, momento esperado por muchos para satisfacer la más legítima de las pretensiones que los hombres y mujeres de hoy pueden tener: acceso a un trabajo y un salario dignos. Creo que el p.e. cumple correctamente con esta máxima. Los p. e. son, para algunos, la única oportunidad de trabajar. Unos lo hacen ahora por primera vez y otros saben que sólo lo podrán hacer aquí. Pero para el trabajador/a corriente sólo será un paréntesis en su vida laboral.
Estamos viviendo una época extraña, quizá la más extraña que muchos recordamos, pues se viene a producir la conjunción de varias sensaciones: inseguridad económica, escepticismo social y descrédito institucional. Sensaciones que, reales o no, se perciben a mayores al concurrir con cifras de paro de una magnitud antes desconocida.
Cuando se tiene la oportunidad de conciliar situaciones de desempleo y colocación, aunque sea empleo precario, nos damos un respiro al concluir nuestro trabajo, queriendo creer que atisbamos desde este nuevo horizonte ciertos reflejos de esperanza. Esperanza en que esta dicotomía local entre paro y contratación compulsiva de mano de obra, habrá de ser algo coyuntural.
Los planes de empleo cumplen ahora diez años, aunque tienen sus antecedentes en 1996. Con el tiempo se han ido perfeccionando, mejorando de manera ostensible en su gestión, así como en la respuesta que han ido dando a los desempleados. Es un hecho que actualmente responden en su oferta a la demanda local, tanto en la relación de colocaciones hombres-mujeres (40-60%), como de jóvenes menores de treinta años (34%). En cuanto a su vertiente de inserción personal, son sensibles al empleo de demandantes en grave riesgo de exclusión social, para los que se reserva, al menos, el 22% de las plazas. También podemos decir que cumplen una función de redistribución de riqueza importante, a través de esos 14.500.000 de euros en salarios que transfiere el S.P.E.E, más los euros de gasto corriente que aportan otras administraciones.
Pero eso no es suficiente. Los p.e. deben avanzar, de forma valiente y consensuada, en intentar satisfacer, principalmente, su vertiente laboral, que es para lo que han sido creados. Para ello, deben conciliar, en la medida de lo posible, la demanda de empleo existente con una oferta de trabajo acorde a ella: maestros, auxiliares, cocineros, mecánicos, pintores, fontaneros, albañiles, conductores... todos están en paro, no sólo los peones.
Entiendo, que este camino es más realista y efectivo para la inserción laboral de nuestros parados que, ese otro que algunos andan buscando con paralelismos con el antiguo plan de empleo rural, plan exclusivo de los peones del campo. ¿Se desea para el p.e. ese tipo de vínculo exclusivo con cierta clase trabajadora? ¿Haremos un p.e. de demandantes sin cualificar, creando un registro sólo para estos casos? ¿Quiénes serán los elegidos, los que no presentan cualificación alguna o, los que teniéndola estén dispuestos a realizar trabajos de peón?
Mientras algunos perfilan esas ideas, otros hacen propuestas igual de extrañas a las políticas activas de empleo: “programa a voluntad del demandante” (previa solicitud, claro); “criterios de renta familiar”; “solo un contrato por familia”; “que fuera determinante el número de hijos”, etc.
A lo primero responder que la voluntariedad del programa es incompatible con lo expresado en la normativa de empleo, que recoge la obligatoriedad de participación de los demandantes en los programas de políticas activas de empleo; por otro lado, sería muy difícil hacer converger esta medida con los objetivos del Plan Nacional de Acción por el Empleo (PNAE). A lo segundo, diré, que ya no se acuerdan los proponentes de cuando ellos estaban en paro (si es que lo estuvieron alguna vez), pues han olvidado que la demanda de empleo ya es en sí una declaración-petición de querer y poder trabajar; expresión individual que no entiende de lo que gana el padre o de si al hermano lo han llamado o no; oportunidad única que se le brinda al demandante para tener su propia e intransferible experiencia laboral.
Esto puede ser duro de escuchar cuando te enfrentas a familias que lo tienen difícil, pero también tienen familia los que entran con criterios de empleo. ¿Cómo afrontar los programas de políticas activas de empleo con normalidad, cuando se introducen discriminadores sociales que intentan tener más fuerza que los relacionados con el empleo? Desde hace unos años los p.e. se han ido reconduciendo hacia su sentido normativo inicial, que de haberse hecho antes eso llevaríamos de ventaja.
¿Pero es el plan de empleo una medida de inserción laboral, de “contra-conflictividad social”, un anticipo de ese salario social tan esperado por algunos? Si es lo último, los interesados en el cambio hacia esa figura no relacionada con el trabajo, sino con “una paga para todos”, deberían promover la adjudicación del programa a otro Organismo y establecer criterios de adjudicación “más sociales”.
Tengo claro que, actualmente, son un instrumento de inserción laboral, con mejor o peor fortuna, que estamos obligados a perfeccionar más allá del deseo voluntarista del trabajar por trabajar. No es que sea enemigo de las teorías de Richard Sennett, sociólogo estadounidense, pragmático donde los haya, y esté dispuesto por mi parte a contrarrestar lo que él ha llamado alguna vez “ese contrato social de las administraciones europeas”. Que lo dirá, supongo, no en el sentido Roussoniano de pacto social sino en el práctico: un “tospadentro”. Se refiere a las europeas, ¿eh? Ya se sabe, a los americanos les cuesta comprender lo del estado del bienestar de la otra orilla (médico para todos, prestación contributiva; subsidios de fin contributiva, el de menos de 360 días trabajados, el de menos de 5 meses trabajados; el de excarcelados, el de mayor de 45 años sin cargas, el de mayor 52 años con cargas; Prodi; Rai violencia de genero, de invalidez, etc. ).
Decía, que no desearía que esto fuera un trabajar por trabajar, sino una autentica oportunidad de perfeccionarse laboralmente, y eso es algo más complicado que el “aquí caben todos”; pues sabiendo que el presupuesto para estas políticas es limitado, que nuestro territorio es irrelevante en el contexto nacional, y que no habrán de durar siempre estos programas, me pregunto cómo deberíamos afrontar esta oportunidad para hacer de ella algo útil en beneficio de nuestros conciudadanos y con perspectiva de futuro.
Creo, que ahora que hemos conseguido, en parte, que respondan los p.e. a lo que propone el PNAE, sólo falta que cumplamos el último de los requisitos antes enunciado: que la oferta de puestos de trabajo sea proporcional a la demanda registrada como ocupación principal de nuestros usuarios. Sólo así podremos hablar de inserción. De ahí la importancia de orientar los p.e. hacia objetivos de beneficio laboral, más que hacia los de tipo social. Otras entidades programarían en sentido contrario y cada uno en lo suyo ayudaría a cerrar el sistema.
Por último, abordar las memorias que sustentan los planes de empleo con un estudio preliminar del tipo de la demanda local, así como desarrollar la desestacionalización de los planes (ya comenzada tímidamente), se hace necesario por nuestra parte para su mejor gestión -selección, contratación, seguimiento- así como para cubrir esa necesidad de colaboración con otras entidades durante todo el año, ya que se ha mostrada tan beneficiosa para nuestra Ciudad.
Los p.e. han avanzado notablemente en los últimos años y, aunque han perdido en temporali dad han ganado en extensión, ya que más demandantes trabajan y más acceden a situaciones de protección social posterior. Sé, que doce meses de trabajo son mejor que seis, claro que sí, pero me parece que la “caja”, actualmente, no admite muchas propuestas de crecimiento como esas. Además, no tengo claro si, para esa temporalidad de la que hablamos, no deberíamos abordar antes otras cuestiones que van más allá del propio contrato y que todavía nadie se ha atrevido a afrontar.
Al hilo de lo comentado, creo que este “proteccionismo socio-laboral” que nos hemos dado, tarde o temprano, me temo, se nos volverá en contra. Como ejemplo, y así a vuela pluma, en estos momentos en Ceuta hay casi 2000 trabajadores de planes de empleo; 200 en colaboración social; algo más de 800 ya han encontrado sitio entre Obimace y la Federación de vecinos… y los que se me escapan... Son muchos trabajadores al servicio de las administraciones públicas de una manera u otra, para hacer, a la postre, trabajos que deberían estar en manos de la empresa privada que son las que crean riqueza. Son trabajadores que están siendo “hurtados” al mercado laboral local. No me extraña que pasen a diario tantos desde Marruecos y la península, pues cada vez se hace más difícil encontrar un oficial en Ceuta.
Entiendo, que la sociedad del pleno empleo es una entelequia para economistas de laboratorio, y que debemos aprender a convivir con un cierto grado de desempleo, aunque, exactamente, no sé cuál es nuestro límite para que esa “convivencia” siga siendo posible. Compruebo, día a día, que las actuales cifras de parados son altas, aún con el concurso proteccionista de los gobiernos y pienso que, más pronto que tarde, desde nuestros barrios y asociaciones, grupos espontáneos de desempleados nos vendrán a demandar, “sin miramientos”, que la inversión pública y privada se despliegue, de una vez por todas, como maná laboral que sacie esta necesidad actual de empleo.
Mientras tanto, estos programas irán cumpliendo su función en la medida de lo posible, y entre todos deberemos hacer de ellos un instrumento útil, eficaz y eficiente, productivo en suma. En gran parte eso corresponde al trabajador/a que ahora se incorpora, y de su actitud depende en mucho que el resto de los ciudadanos tengan una opinión favorable sobre ellos, valorando positivamente lo que representa esta medida para el desempleado y Ceuta.
Han transcurrido ya, pues, diez años de planes de empleo. Quien lo iba a decir.