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CCOO aprieta para que el Gobierno pague la subida que debe a los funcionarios

Este sindicato propone un Real Decreto Ley inmediato como solución y adelanta que tomará las "medidas oportunas" para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez efectúe el incremento retributivo

El Área Pública de CCOO Ceuta exige al Gobierno de Pedro Sánchez la subida salarial del 2,5% que debe a las empleadas y empleados públicos.

Esta organización sindical exigirá en la reunión cuya celebración está prevista para este lunes con Función Pública "medidas contundentes" para realizar el incremento en las nóminas del 2,5%, al cual se comprometió en el Acuerdo Marco para un Administración del Siglo XXI.

En noviembre de 2022, la central recuerda que está Administración suscribió un acuerdo con CCOO y UGT para la subida salarial de los empleados y empleadas públicas de este país, en los siguientes tres años, hasta alcanzar un 9,8% de subida total.

La última subida de un 2,5%, comprometida por el Estado en ese acuerdo, se debería haber producido en enero de 2024, destacan los comisionistas.

El impedimento de la prórroga presupuestaria

"La situación parlamentaria que ha llevado a una prórroga presupuestaria no puede ser impedimento, ya que desde CCOO se considera que no es óbice para no realizar la subida pactada, cuando otras subidas si se han realizado con la misma prórroga presupuestaria", ha demandado esta central sindical.

Estos representantes de los trabajadores entienden que esta subida es una "exigencia" para el Gobierno que preside Pedro Sánchez, y un "compromiso", ya no sólo por el acuerdo firmado, sino un compromiso con sus empleados y empleadas públicas.

"Debe buscar la fórmulas oportunas o necesarias de manera urgente para hacer efectivo el incremento salarial, entendiendo que un Real Decreto Ley inmediato sería la solución", plantea esta organización sindical.

De no ser así, CCOO adelanta que tomará las medidas oportunas desde la organización sindical para que se produzca el incremento retributivo.

En Ceuta hay alrededor de 10.000 empleados públicos que trabajan para el servicio de la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma (y sus sectores periféricos).

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