La Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, en el
Palacio de Justicia en Serrano Orive, lleva contabilizadas hasta octubre de 2018 un total de 109 solicitudes de orden de protección, de las cuales, 64 corresponden a
mujeres de nacionalidad distinta a la española. Es decir, que mientras el 40 por ciento de las solicitantes es nacional, el 60 por ciento restante corresponde a extranjeras, fundamentalmente marroquíes al tratarse Ceuta de una ciudad fronteriza con el país magrebí. Esta resolución judicial en favor de la víctima comprende una serie de medidas civiles, penales y asistenciales así como de protección social. Unas cifras que se repasan por ser este domingo el Día internacional contra la Violencia de género. En el mismo periodo de 2017, las solicitudes de orden de protección fueron 150, es decir, por encima de las registradas en octubre de 2018. Respecto a las concedidas hasta esa misma fecha, estas asciende a 69 frente a las 39 denegadas; sin embargo, las otorgadas fueron 86 frente a 43 desestimadas en esos mismos meses del ejercicio pasado. En el apartado de medidas civiles, se concedieron en nueve casos en 2018 frente a los ocho de un año antes. Cierra este detalle dentro de la estadística global que seis agresores han acabado entre rejas en lo que va de año frente a los siete de 2017.
88 fallos condenatorios frente a un total de 162 denuncias retiradas y sentencias absolutorias
La fiabilidad de los datos de esta Oficina de Asistencia a las Víctimas radica en que todas aquellas mujeres que denuncian malos tratos en Ceuta reciben orientación jurídica en sus dependencias. Sin embargo, aquellas que nunca se atreven a dar el paso de ir al juzgado quedan fuera del recuento, que no de la realidad de la lacra. Por eso la percepción social sobre el alcance de la violencia de género difiere del total de denuncias interpuestas, que apunta a una constante en el número de casos, al menos, en los últimos casi cuatro años. Hasta el 19 de noviembre de 2018, este servicio del Ministerio de Justicia tiene registradas 260 denuncias; desde enero y hasta la misma fecha de 2017, fueron contabilizadas 256; en el mismo periodo de 2016, se situaron en 253; y, en los mismos meses de 2015, sumaban 252. A la luz de las estadísticas de esta Oficina de Asistencia a las Víctimas, la cifra de denuncias es prácticamente la misma año tras año. Otro capítulo a tener en cuenta dentro de la atención a la violencia de género es el resultado de los procedimientos judiciales que se llevan a cabo a raíz de la denuncia. De acuerdo con los datos que obran en manos de este recurso público y gratuito, a cierre de 2017, los juzgados emitieron 88 sentencias condenatorias y un total de 162 entre denuncias retiradas y sentencias absolutorias, es decir, que en cerca del doble de los casos o bien ella retira la denuncia contra su expareja –por diversas razones que responden a cada caso en particular– o bien ellos quedan libres de responsabilidad al respecto. Para la Oficina de Asistencia a las Víctimas, la educación es fundamental para combatir esta lacra, trabajar la prevención y fomentar una auténtica igualdad. Una forma de violencia que tiene sus raíces en la desigualdad y en unas pautas de conducta que resulta necesario modificar en el seno de las familias, el sistema educativo y el ámbito laboral.
La violencia se instala en las parejas más jóvenes, en la franja de 18 a 30 años
Uno de los datos que más preocupan en la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual es la edad de las denunciantes que acuden a este servicio público y gratuito del Ministerio de Justicia en el Palacio de Serrano Orive. Cada vez son más jóvenes y, en la actualidad, el 75 por ciento se encuentra en la franja que comprende de los 18 a los 30 años, a diferencia de lo que ocurría antaño, cuando el grueso se concentraba en segmentos de edad superiores. Ese traspaso se produce desde el grupo que está inmediatamente por encima, el que va de los 30 a los 55 años, que ahora se sitúa en el 22 por ciento del total. Entre las denunciantes, un uno por ciento tiene más de 50 años y solo el dos por ciento tiene menos de 18 años.