Los abogados de la
vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, no solamente han pedido que se cite como testigo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la instrucción de la causa penal por las devoluciones de 55
niños migrantes solos a
Marruecos en agosto del año pasado al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería que la tiene como investigada. También han solicitado que sean llamados a declarar en idéntica condición “los dos representantes de la Prefectura de Tetuán que participaron por parte del
Gobierno de Marruecos en el encuentro que se celebró en la frontera el 11 de agosto”, dos días antes de que comenzasen a ejecutarse las expulsiones, y “los dos representantes de L'Entraide Nationale, entidad pública perteneciente al Ministerio de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social del Gobierno de Marruecos”, que acudieron al cónclave. Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico han puesto en serias dudas que la titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta pueda, con independencia de si le parece procedente e interesante o no atender esa solicitud, llamar a esas cuatro personas del país vecino, ya que la propuesta de la
defensa de la consejera de Presidencia no recoge ni sus nombres, “como exige la ley”. A aquella reunión en la frontera del Tarajal, de la que no consta la existencia de acta, acudieron el jefe de Gabinete de la delegada, Juan Hernández; el secretario general de la institución de la plaza de los Reyes, Ismael Kasrou; la propia Deu y el consejero Yamal Dris para ejercer de traductor; la jefa de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo, y “por parte de Marruecos, entre otros, un representante de la Prefectura y dos de L’Entraide Nationale”, la entidad que recibió en Martil a los menores que fueron repatriados durante cuatro días hasta que los recogieron sus familiares. Según la
denuncia de la Fiscalía, que atribuye un presunto delito de prevaricación continuada a Mateos y Deu, tanto la consejera como el secretario general de la Delegación aceptaron en el Tarajal “que en los siguientes días se practicara la repatriación de los
menores de edad no acompañados que habían accedido a Ceuta de forma irregular a mediados del mes de mayo de 2021, conviniendo en hacerse cargo de los mismos, todo ello sin tramitar procedimiento alguno y sin constatar si concurrían lo presupuestos legales habilitantes y, por lo tanto, con flagrante infracción” de la Ley de Extranjería y su Reglamento. En aquella reunión la jefa de Menores “hizo patente una vez más, en esta ocasión de viva voz, su disconformidad con aquel proceder, manifestando que resultaba contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”, pero las administraciones españolas y marroquíes pactaron seguir adelante. La defensa de Deu, que busca probar que el Gobierno central estaba no solo al corriente, sino impulsando y adoptando las decisiones que se implementaron, ha pedido que se cite a declarar como testigos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska (que como aforado tendría derecho a hacerlo por escrito); al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; a la exjefa de Gabinete de la Vicepresidencia, Isabel Valldecabres.