Mabel Deu, parte fundamental de la columna vertebral del
Partido Popular de Ceuta de este siglo, ha solicitado su baja en la formación que lidera Juan Vivas, de cuya Junta Directiva nacional formaba parte tras el último congreso que aupó a Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho después de que la
Audiencia Provincial desestimase los últimos recursos de su representación letrada y la de la exdelegada Salvadora Mateos, que
se sentarán en el banquillo por la expulsión al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería de 55 menores no acompañados en 2021. Fuentes del PP han confirmado que Deu ha pedido esta semana por escrito su baja tanto ante los responsables del partido en Ceuta como en Madrid. Deu formó parte de todos los gobiernos de Vivas desde que llegó a la Presidencia de la Ciudad hasta las últimas elecciones autonómicas, cuando no entró en la lista del PP. En mayo de 2023, cuando tuvieron lugar las últimas elecciones autonómicas, ya estaba procesada por la deportación en agosto de 2021 de
55 niños migrantes solos marroquíes al margen de lo previsto en la legislación, como han decretado ya por la vía de lo contencioso-administrativo todas las instancias hasta el Supremo. Ahora Deu deberá enfrentarse también, como Mateos, a la vía penal. La Audiencia Provincial desestimó en abril su último recurso y las dos tendrán que sentarse en el banquillo como presuntas autoras material y cooperadora necesaria, respectivamente, de un supuesto delito de prevaricación administrativa continuada.
Procedimiento judicial
El auto que puso fin a la instrucción iniciada hace dos años y medio por la Asociación L'Scola con una denuncia ante la
Fiscalía de Granada considera “acertada” la interpretación que de los “indicios racionales” de actuación criminal apreció la titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta en su auto de procesamiento abreviado de septiembre, el segundo que dictó. Ambas “hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados” llegados a la ciudad en el marco de la
crisis migratoria de mayo de 2021. Para la jueza, pusieron en riesgo “su integridad física y moral” y ocasionaron “un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad, ya que ni tan siquiera han acreditado que, ante la disponibilidad de
Marruecos de recibir a los menores, se arbitraran mecanismos para acelerar los trámites legales”. Los Estatutos del PP establecen que “desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial a un afiliado [...] se procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se produzca el señalamiento del juicio oral del procedimiento judicial correspondiente”.