La consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, aprovechó ayer el debate de una moción de urgencia en la que el PSOE reclamaba más facilidades administrativas para las mujeres marroquíes que denuncian casos de violencia de género en Ceuta,
propuesta que fue rechazada, para afear a los socialistas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido más sensible que los de Zapatero a la hora de respaldar con fondos estatales las políticas de la Ciudad Autónoma para atender a población transfronteriza como la mencionada.
“Votamos en contra de su moción pero no porque las mujeres marroquíes maltratadas no nos importen, que lo hacen y mucho, pero cuando el PSOE gobernaba gastamos cerca de 12.000 euros en un trabajo para registrar las necesidades de Ceuta por su condición de ciudad fronteriza y nos respondieron que lo fondos se distribuían por censo poblacional mientras que con el Ejecutivo actual”, comparó, “hemos conseguido 20.000 euros más”.
La diputada socialista Milagros García, que fue la encargada de defender la propuesta del PSOE, reclamó que el Gobierno de Ceuta instase a la Administración General del Estado a “reducir el tiempo de espera en la concesión del certificado de residencia para las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género” y que buscase “fórmulas interministeriales” para “tramitar los papeles que se necesitan sin hacer acudir a la víctima al país de origen, con el consiguiente riesgo”.
Según la diputada autonómica la ciudad autónoma es la única región del país en la que una maltratada tiene que ir a su zona de origen para poder cumplimentar trámites administrativos”.
García también solicitaba al Ejecutivo local del PP a través del Pleno que eximiese a las víctimas de malos tratos de la obligatoriedad de tener dos años de empadronamiento en Ceuta para poder acceder a las distintas ayudas que ofrece la Administración local.
Deu alegó que la Ciudad “cumple lo que dice la Ley” y “carece de competencias en materias como Justicia o Seguridad Ciudadana”. Sin embargo, García insistió en que es en Ceuta donde “no se aplica la legislación vigente como en el resto de España, donde las víctimas tienen derecho al permiso de residencia en el mismo momento en el que se detecta su condición”. “Aquí no pasa porque la lentitud en la tramitación de los papeles es una de las principales trabas con las que se encuentra, sobre todo las que están dentro del programa de la Casa de Acogida, aunque no son las únicas”, advirtió al Gobierno de Vivas.
