La Ciudad deberá determinar al final del estado de alarma la edad de los MENA no tutelados

La Ciudad Autónoma deberá comenzar a hacer pruebas de determinación de edad para fijar oficialmente si son o no menores de 18 años a los más de cien jóvenes marroquíes no tutelados que llevan dos meses confinados en el polideportivo ‘Santa Amelia’. En el pabellón llegó a haber 115 chicos de forma estable, pero actualmente solo quedan 82 a los que se suman los nueve derivados a un local en la Agrupación Este del Príncipe.

A diferencia de los alrededor de 450 niños y adolescentes acogidos en ‘La Esperanza’, ‘Mediterráneo’ y Piniers, los chicos que vivían en la calle hasta la declaración de las medid extraordinarias ligadas a la crisis de la enfermedad del coronavirus no están bajo la tutela de la Administración, que tampoco ha iniciado todavía el proceso para hacerse cargo de ellos al estar “suspendida” la realización de las pruebas de determinación de edad mientras se prolongue el estado de alarma.

La única excepción contemplada alude a la posible comisión de un delito para dilucidar qué norma y penas deben aplicarse en función de si el condenado es o no adulto, algo que solo ha ocurrido “en una ocasión” desde mediados de marzo, según las fuentes judiciales y de la Administración autonómica consultadas por este periódico.

“En principio habrá que determinar su edad y ponerlos a disposición de Protección de Menores”, han apuntado desde la Fiscalía especializada, que remite al protocolo establecido en la Ley de Extranjería.

Transcurridos tres meses y una vez intentada la repatriación con su familia o al país de origen, inviable con jóvenes procedentes de Marruecos, la legislación establece que debe procederse a otorgar al menor la autorización de residencia.

En estos meses solo se ha realizado una prueba por la presunta comisión de un delito

Si la Ciudad asumiese la tutela de al menos una parte de esos más de cien jóvenes sacados de la calle en marzo se agravaría todavía más la saturación de las instalaciones que para atender a menores extranjeros no acompañados tiene la Administración local, que calcula que cada año destina 12,5 millones a la atención a este colectivo.

El Gobierno de Vivas abrió el mes pasado unas nuevas instalaciones con más de 40 módulos prefabricados junto a la prisión de Loma Mendizábal con capacidad para entre 200 y 250 jóvenes que permitieron aliviar la condiciones de hacinamiento en ‘La Esperanza’, cuyas plantas superiores precisan de obras urgentes desde hace meses que no se habían podido acometer precisamente por el alto nivel de ocupación de sus dependencias.

El Ejecutivo local prevé seguir insistiendo a la Administración General del Estado para que se haga cargo de esta atención como parte que entiende que es de sus competencias exclusivas en materia de inmigración.

A la espera de un “nuevo modelo” de atención e inclusión

El Pleno del Observatorio de la Infancia, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y en el que participa Ceuta, ha encargado a un Grupo de Trabajo sobre Menores Migrantes el debate, análisis y formulación de las propuestas que se estimen oportunas para el establecimiento de “un modelo de atención e inclusión de los menores y adolescentes migrantes no acompañados”. Actualmente “está pendiente la aprobación” el nuevo modelo de atención por el Pleno del Observatorio.

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia en el que trabaja el Gobierno central tiene como objetivo “combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva integral como respuesta a la naturaleza multidimensional que caracterizan los factores de riesgo y las consecuencias asociadas a la violencia que puedan sufrir los menores y adolescentes”.

El objetivo que se persigue con él es la aprobación de “una norma integral que proteja a las personas menores de edad en territorio español frente a cualquier forma de violencia y establecer medidas en diferentes ámbitos, entre los que destacan el sanitario, el educativo, los servicios sociales, el judicial, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el de las nuevas tecnologías, entre otros”.