La Policía Nacional ha detenido a 26 personas que formaban una red criminal que habría introducido el pasado año de forma irregular a más de 900 inmigrantes en España a través de embarcaciones rápidas desde las costas de Orán (Argelia) y Tánger (Marruecos) hasta las playas de Almería y Cádiz.
La organización desmantelada estaba asentada en Argelia y en las provincias de Almería y Alicante y, según la Dirección General de la Policía, habría obtenido un beneficio con esta actividad delictiva de más de un millón de euros en 2019, ya que cobraba a cada inmigrante entre 2.000 y 2.500 euros por el travesía marítima.
La operación Trópico ha contado con la participación de Europol y además de las 26 detenciones (18 en Almería, 6 en Alicante y 2 en Zaragoza), se ha saldado con la entrada y registro de cinco domicilios en la provincia de Almería y uno en la ciudad de Alicante, donde se ha intervenido unos 20.000 euros en efectivo, 17 vehículos, teléfonos móviles y diversa documentación.
La parte del entramado que operaba en España, afincada principalmente en las provincias de Almería y Alicante, trabajaba de manera coordinada con los miembros ubicados en las costas africanas.
Así, antes de la salida de las embarcaciones, los integrantes de la organización ubicados en territorio español eran informados de los lugares y horas aproximadas de llegada o el número de inmigrantes transportados.
La ruta usada preferentemente por la red era la que unía las costas de Orán (Argelia) con las de Almería, por lo que la mayoría de inmigrantes eran de origen argelino, si bien, eventualmente, la organización explotaba la ruta entre Tánger (Marruecos) y Algeciras (Cádiz) para introducir inmigrantes de origen marroquí.
Las embarcaciones rápidas utilizadas contaban con potentes motores que permitían cruzar el mar de Alborán en tres horas, y disponían de puntos seguros de atraque para facilitar la recepción de los inmigrantes.
El entramado también contaba con una importante flota de vehículos para trasladar a los inmigrantes desde las zonas de llegada a diferentes puntos de la geografía española, principalmente Almería, Alicante, Murcia, Barcelona, Tarragona y Lérida, donde se asentaban con familiares y amigos, o bien cogían autobuses para desplazarse a otros países de la Unión Europea.
Cada inmigrante debía abonar a la organización entre 2.000 y 2.500 euros por la travesía marítima, cantidad que se incrementaba en 500 euros por el traslado por carretera dentro de la península.
Durante esos traslados, los miembros de la red no dudaban en abandonar en mitad de las autopistas a los inmigrantes que carecían de la cantidad solicitada por ese servicio, llegando a retenerles en viviendas de la organización hasta que los familiares se hacían cargo del pago de la deuda.
