Los responsables de Red Enlaza Comunicaciones, grupo del que es filial I-Mobility, la empresa que pretendía invertir siete millones de euros en una nueva fábrica en Ceuta y crear 500 puestos de trabajo, han sido detenidos en Cantabria como una supuesta red de estafadores tecnológicos.
A los detenidos R. P., su esposa C. P., E. R. y G. A., se les acusa de estafar más de siete millones de euros a empresarios a los que presentaba grandes proyectos sin documentos que acreditasen su solvencia, creando también una red de pequeñas empresas abiertas con el capital mínimo exigido, 3.000 euros, tal y como publicaba el diario nacional El Mundo.
Al parecer, entre los empresarios afectados no hay ninguno de Ceuta, debido a que el encuentro que pretendían llevar a cabo en sus visitas a la ciudad autónoma nunca se llegó a producir.
Este grupo se había trasladado a Ceuta en varias ocasiones, donde hablaba de crear una gran fábrica que se convirtiera en una gran generadora de empleo y sirviera como sustento económico para unas 500 familias ceutíes. De esta manera, los miembros de la trama se reunieron con responsables de la administración local, que sólo les facilitó, “como a cualquier otra persona que muestra interés en invertir en Ceuta en estos términos”, información sobre las ventajas fiscales y los incentivos económicos regionales, según manifestó a este medio el consejero de Economía y Empleo y presidente del Consejo de Administración de la sociedad municipal Procesa, Guillermo Martínez.
Estos contactos finalizaron en el momento en que la Ciudad Autónoma pidió la documentación técnica y administrativa que acreditase la solvencia técnica y financiera de la empresa, ya que cuando la verificó se dio cuenta de que era insolvente tanto desde el punto de vista de la financiación del proyecto como desde el técnico. Por este motivo, la administración local archivó cualquier expediente administrativo abierto con ellos.
Además, la Ciudad ha colaborado “activamente” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación para acabar con esta trama.
Martínez asegura también que estas personas no recibieron beneficio, subvención o derecho alguno por parte de la Ciudad Autónoma.
Los cuatro imputados se podrían enfrentar a una pena de diez años por estafa y simulación de actividad empresarial.
Una inversión millonaria y la promesa de 500 puestos de trabajo
Una inversión de siete millones de euros para la puesta en marcha de una fábrica de móviles y aparatos electrónicos, en general, y la promesa de crear 500 puestos de trabajo en la ciudad autónoma. Este era el discurso que los responsables de I-Mobility repetían una y otra vez en sus visitas a la ciudad autónoma, donde intentaron incluso reunirse con empresarios para que apoyaran el proyecto que, decían, tenían intención de desarrollar en el polígono industrial de Loma Margarita. Al parecer, todo lo que rodea a este grupo empresarial es mentira y sus responsables sólo se encargaban de recoger dinero de quienes se creían sus proyectos para gastárselo después.
