La madre cruzó la frontera cuando aún su embarazo no estaba avanzado y carecía de medios para mantener a la niña
Que existe una red plenamente operativa dedicada a comerciar con las tragedias humanas, mediando con parturientas marroquíes para hacerse con sus críos y atender las reclamaciones de progenitores a este lado de la frontera es un hecho. El Tarajal separa dos países y dos mundos completamente opuestos y entre ambos asoman quienes quieren vivir de las carencias gestadas a un lado y las demandas del otro.
La Policía Nacional ha confirmado la detención de un hombre, que se encuentra en libertad con cargos, al que se le acusa de usurpación de paternidad, es decir, de hacerse pasar por el padre biológico del bebé de una marroquí cuyo ingreso en el Hospital fue advertido por los propios trabajadores del HUCE para hacerse con él como si fuera el suyo. El suceso no es un hecho aislado, no es la primera vez que se detectan casos así, en los que se aprovechan de la situación de mujeres jóvenes marroquíes que no pueden criar a sus hijos para hacer entrega de esos niños a terceras personas que tienen más complicado una adopción en toda regla.
Precisamente no hace ni dos semanas que El Faro publicaba un amplio reportaje advirtiendo de estos negocios y ya en 2010 se hizo eco de una investigación de la AUGC de aquella época en la que se puso de manifiesto este negocio de compra venta de niños, negocio que funciona a su vez en la hermana ciudad de Melilla.
Tal y como ha explicado la Policía en una nota, el detenido se personó en el Servicio Técnico de Menores para hacerse pasar por el padre biológico del bebé, que se encuentra bajo tutela de la Ciudad Autónoma. Allí se encontraba ya que, tras el parto, se había detectado ya en el clínico el intento de entrega fraudulenta de la niña.
La Jefatura Superior enmarca este caso en la investigación que tiene abierta sobre una práctica desgraciadamente habitual en féminas del vecino país que, embarazadas, cruzan a Ceuta antes de que su estado de gestación esté demasiado avanzado. Durante los meses de embarazo están recluidas en viviendas patera, de cuya existencia ya alertó este medio en el año 2010, aunque las investigaciones que en aquella época inició el CNP no dieron resultado alguno, ya que se buscaba la localización de esos pisos.
Una vez se ponen de parto, ingresan y son visitadas por las famosas madames o mediadoras, que se hacen pasar por familiares pero por su escasa empatía llaman la atención entre el personal del clínico, ya que en el fondo no lo son. Están allí únicamente para asegurarse de que el parto se ha producido, el bebé ha nacido, informando así a los padres que reclamaron tener un hijo por esta vía, la ilegal. La Policía resalta que cuando las parturientas ingresan no dan su filiación, incluso no colaboran cuando les toman las huellas dentro del protocolo de vinculación con el hijo para, posteriormente, presentarse algún supuesto familiar con documentación de la supuesta madre, siendo en realidad de otra persona de las mismas características, a fin de usurpar la identidad de la auténtica progenitora en el centro hospitalario. ¿Por qué se hace así? Porque deben trabajar desde el origen antes de que se proceda al registro del recién nacido, a sabiendas de los extremados controles que, desde hace años, funcionan en el Registro Civil, en el Palacio de Justicia.
En este caso concreto, el protocolo de alerta funcionó a la perfección, ya que desde el HUCE se alertó a la Policía informándoles del parto y de que la madre no aportaba su documentación y no colaboraba en su identificación. De hecho manifestó no haber estado nunca en el centro, siendo reconocida por personal sanitario que en el mes de octubre ya la habían atendido en el clínico por problemas con su estado manifestando en aquel momento que no tenía ni familia ni medios para mantener al bebé. Aquel recuerdo en el personal sanitario fue la alerta necesaria para, una vez parida, intuir que algo podía estar preparándose. Personada la Policía, la madre reconoció que no podía mantener al bebé y que había un matrimonio que pretendía quedársela como si fuera suyo, que, al no tener hijos, se harían cargo de la niña, marchándose con ella a Marbella.
Los protocolos funcionaron de forma rápida: el HUCE detectó el caso, la Policía intervino y el Área de Menores actuó protegiendo a la recién nacida y preservando su tutela. El Servicio Técnico de Menores quedó como responsable de la menor que sigue a su cargo. Fue precisamente su personal el que intervino cuando, sin tener conocimiento de que el asunto ya tenía interés policial, el falso padre acudió a este servicio, demostrando allí un desconocimiento de la situación de la madre del bebé en cuanto a todo el proceso del embarazo, situación personal, domicilio e incluso datos personales como filiación completa de la misma porque, en el fondo, nada tenía que ver con la criatura.
El caso ha quedado judicializado y la Policía mantiene abierta su investigación como muchas otras relativas a casos similares. Un sistema blindado que resulta complicado de burlar La Policía sospecha que personas del entorno de la madre, al saber de su precariedad y falta de recursos amén de su intención de abandonar al bebé, contactaron con el detenido, y éste realizó gestiones para poder figurar como padre en el certificado de nacimiento del Hospital y así inscribir a la recién nacida como hija suya en el Registro Civil para posteriormente ser entregada a un matrimonio de forma ilegal. No todo resulta tan fácil como puede parecer, burlar un sistema que ha tenido que adaptarse a las situaciones detectadas es complicado. De hecho, cuando se busca la inscripción de un bebé fuera de plazo, es decir, tras haber pasado varios días de su nacimiento y con posturas confusas en el Hospital, se realiza todo tipo de prueba para saber si quien dice ser el padre, lo es. De niños comprados y pobreza La pobreza de unos despierta los peores sentimientos de otros. La necesidad sufrida a un lado despierta negocio al otro. Los niños nacidos en submundos de tragedia se convierten en objeto de trata para los mediadores que trabajan a un lado y otro de la frontera activando pequeñas redes para vender hijos a familias que no pueden tenerlos. La interrupción de las kafalas en Marruecos ha acelerado un triángulo en el que parece que vale todo, protagonizado por jóvenes marroquíes sin medios que quedan embarazadas, familias que quieren hacerse con niños aunque sea comprándolos y mediadores que unen un extremo con el otro. Y en medio de un negocio deplorable asoma el Área de Menores que, además de preocuparse de los MENA, permanece ojo avizor a los casos de estos menores vulnerables a los que protege y tutela, como ha sucedido con esta niña recién nacida. A su lado la Fiscalía ‘batalla’ en el mismo camino, activándose protocolos para detectar casos, bajo la advertencia de que este tipo de actuaciones no pueden tener futuro porque los niños ni se compran ni se venden aprovechando la debilidad de familias y las situaciones personales de gestantes desamparadas.
Detrás de estas historias hay mucha picaresca, como la que protagonizan varones que dicen ser los padres de esas criaturas producto de supuestas relaciones extraconyugales que serían aceptadas por una mujer que perdona el flirteo de su marido aceptando a la criatura. Nada es cierto. Y los protocolos y pruebas de paternidad lo demuestran. El trabajo de los mediadores, de los que captan a las embarazadas, las ocultan en Ceuta y avisan del nacimiento se trunca desde el momento en que la coordinación policial, sanitaria, social y judicial le pone freno. Ya hay varios casos que se han destapado con sentencias condenatorias.