El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha firmado la orden de la desescalada para la vuelta a la actividad en
las sedes judiciales, cuya primera fase comenzará el martes con un máximo del 40 por ciento de la plantilla en los juzgados. Justicia ha anunciado en un comunicado el acuerdo alcanzado en la reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis en la Administración de Justicia con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, la Abogacía y las comunidades autónomas. Prevé la orden cuatro fases sucesivas en función tanto de las medidas del Gobierno, que ya aprobó un plan para los tres meses siguientes al final del estado de alarma en este sector, como de las recomendaciones sanitarias frente a
la pandemia del coronavirus. La fase uno, en marcha desde el martes y prevista que se alargue al menos una semana, implica la vuelta al servicio del 30 o 40 por ciento de la plantilla de órganos judiciales, fiscalías, institutos de Medicina Legal e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Para la segunda fase, orientada a la reactivación de los plazos procesales, el personal reincorporado aumentará al 60 o 70 por ciento, durará aproximadamente dos semanas y abrirá la posibilidad de turnos voluntarios, "con carácter general", de mañana y tarde. En la fase tres, que retomará la actividad ordinaria de los plazos procesales iniciados, se estima la vuelta al trabajo de la plantilla de funcionarios al completo. A partir de la cuarta fase, de retorno a la situación previa al estado de alarma, toda vez que se levanten las recomendaciones sanitarias se retomará el funcionamiento ordinario. Según indica el ministerio, el turno de mañana será en total de seis horas, de siete y media a dos de la tarde, con entre el 70 y el 80 por ciento de los trabajadores, mientras que el horario de tarde será de cuatro horas y media, entre las tres y las ocho, con entre el 20 y el 30 por ciento del personal. Entre turnos se procederá en una hora a la desinfección de los puestos de trabajo y espacios comunes. Para la protección de los profesionales las instituciones han resuelto establecer la distancia entre personas en dos metros, y si no fuera posible habría que utilizar mamparas o paneles. El uso de la mascarilla es, a criterio de Justicia, "una medida de seguridad complementaria". El departamento que dirige Campo indica que la atención al público, solo presencial si de por medio hay una cita, se llevará a cabo bien por teléfono, bien mediante correo electrónico. Por la tarde no habrá servicios de consulta ni para el público ni para profesionales.
CSIF no lo apoya: "No se garantiza la protección del personal"
Ante este plan, CSIF ha comunicado que no lo apoya. Comparte, dicen, la necesidad de reactivar la Administración de Justicia; pero "no se puede volver a la normalidad sin que se garantice, de forma efectiva, la protección a la salud del personal que se reincorpore". En este sentido CSIF, vuelve a reclamar la realización de test a todo el personal que se reincorpore a sus puestos de trabajo como ha anunciado el CGPJ y que se deje de expresar su buena intención de suministrar EPIS a todos y que lo demuestre con hechos como ya han hecho algunas CCAA. "El Ministerio plantea una desescalada al margen del plan general del Gobierno y centrada, únicamente, en la reactivación de los plazos procesales (la misma denominación de las fases es muy gráfica a este respecto) y no en criterios sanitarios y de salud pública que son los que deberían regir la vuelta a la normalidad en una crisis de salud pública y en un estado de alarma por emergencia sanitaria", explica CSIF. Para este sindicato, las medidas de seguridad laboral que se plantean junto con esta desescalada no son suficientes para proteger la salud del personal de Justicia que se deba incorporar a su puesto de trabajo porque "ni garantizan test fiables previos a la reincorporación que el CGPJ sí que prevé para jueces y magistrados ni garantizan la provisión efectiva de EPIS (mascarillas) para todo el personal que se reincorpore y que han brillado por su ausencia desde que comenzó la crisis". "La realidad es que estas medidas no sirven para atajar el previsible atasco judicial provocado por el parón ocasionado por el coronavirus que ha puesto en evidencia los denominados males de la Justicia tras años de instrumentalizarla políticamente y no resolver sus problemas reales", prosigue CSIF Para el sindicato hace falta mayor transparencia en el diseño, implantación y seguimiento del plan de agilización que el ministro lleva anunciando desde hace semanas y que aún no ha sido trasladado a las organizaciones sindicales de Justicia cuando, sin duda, va a afectar a las condiciones laborales del personal al que representamos. De hecho, CSIF ya ha presentado al Ministerio medidas concretas sin recibir respuesta alguna.