Desafíos en la cárcel: entrada de droga, teléfonos y aumento de agresiones

La sección sindical del Centro Penitenciario de Ceuta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha destacado el enorme papel desempeñado por los funcionarios de Mendizábal ante las situaciones de inseguridad y agresiones que pueden sucederse en el ámbito penitenciario.

Quieren poner en valor “el buen hacer de la plantilla de trabajadores, algo que se pone de manifiesto a tenor de los datos correspondientes a 2024 facilitados por el Ministerio del Interior sobre los objetos prohibidos aprehendidos en el Centro de Fuerte Mendizábal”, explican en un comunicado.

El pasado año se incautaron en la cárcel de Ceuta 28 teléfonos móviles, además de 2 objetos punzantes, 941,56 gramos de hachís, 0.54 gramos de cocaína, 140.5 unidades de benzodiacepinas, 1.5 unidades de antipsicóticos, 62 unidades de otras sustancias psicoactivas y 1 unidad de otros psicofármacos, entre otras prácticas ilegales.

“Estas cifras evidencian no solo el ingenio de algunos internos para la fabricación de armas y la introducción de sustancias prohibidas, sino también los desafíos que enfrenta la administración penitenciaria en materia de prevención de la violencia, seguridad interior y dotación de recursos humanos y materiales”, expone el sindicato.

“Los datos sobre decomisos de objetos prohibidos no dejan de aumentar, corroborando el aumento de la peligrosidad para los trabajadores”, denuncian.

Preocupación en el sindicato

Desde CSIF muestran la enorme preocupación existente entre todo el colectivo de empleados penitenciarios por la escalada de agresiones que están sufriendo.

Con datos estadísticos se entiende mucho mejor, y es que, actualmente un trabajador penitenciario es agredido cada 20 horas y se han registrado más de 1.000 agresiones en los últimos dos años.

Además de las agresiones físicas, CSIF alerta también del aumento de las amenazas, coacciones y situaciones de tensión que no siempre se registran como agresiones, pero que afectan de forma directa al clima laboral en prisión.

Exige por tanto medidas contundentes y urgentes para frenar la tendencia al aumento progresivo de violencia en las prisiones españolas.

"Los responsables del sindicato en la prisión ceutí señalamos los principales motivos que explican esta situación a nivel nacional, de un lado la incorrecta clasificación interna de los reclusos, con internos que deberían estar en primer grado, el más restrictivo, ubicados en módulos de segundo grado, lo que genera conflictos con funcionarios y otros presos”.

Qué es lo que falta

La falta de actualización y cobertura al 100% de las RPT de los Centros y la necesidad de mejoras de los protocolos de seguridad son algunas de sus reclamaciones.

“La abulia de la clase política incapaz de ponerse de acuerdo para otorgar la condición de agentes de la autoridad, con el principio de indemnidad incluido, a los trabajadores penitenciarios, algo de vital importancia para frenar esta ola de agresiones”.

La organización sindical, que ensalza la labor diaria de los trabajadores penitenciarios, denuncia que operan en condiciones cada vez más precarias, con carencias en áreas como la sanitaria, una situación que se agrava durante el periodo vacacional y donde “recordemos están pendientes las transferencias a las comunidades autónomas de los

servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias desde el año 2003 cuando se promulgo la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, actualmente solo Cataluña, Navarra y País Vasco ostentan esta competencia”.

“Los diferentes gobiernos que hemos tenido del año 2003 en adelante se escudan en que las comunidades autónomas no solicitan la transferencia de la sanidad penitenciaria, pero son incapaces de predicar con el ejemplo y transferir la misma en Ceuta y Melilla donde las competencias de sanidad continúan en manos del Estado, concretamente del INGESA y que la Disposición Adicional 6ª de la citada Ley 16/2003 recoge”.

Desde CSIF exigen soluciones y poner fin a la falta de voluntad de la Administración para dar cobertura, protección, así como dotar de más herramientas para el desarrollo de las condiciones laborales en las que el colectivo de trabajadores penitenciarios desempeña su labor, de una vez por todas.