El depósito de Benzú está colapsado. La burocracia se ha convertido en el peor de los enemigos de una infraestructura que debería servir para acoger los vehículos y embarcaciones que están desperdigados por distintos puntos de Ceuta. Un trámite que no se puede llevar a cabo debido a que antes se tiene que permitir la salida de lo que hay dentro y para ello se tiene que dar el visto bueno y la autorización del Juzgado Decano.
Todavía quedan embarcaciones de la mítica Operación Marinas cuyo fin inmediato sería ya su destrucción. También cientos de coches abandonados cuyos titulares no han aparecido y que no han sido reclamados. Quedan además piezas que fueron retiradas del depósito ubicado años atrás en los terrenos sobre los que ahora se levanta
el Hospital Universitario y que también deben ser objeto de destrucción dado su estado.
Mientras, en distintos puntos de la ciudad crecen pequeños depósitos oficiosos. Es decir, puntos que funcionan como si fueran depósitos judiciales sin serlo, tal es el caso del puerto (en donde ha habido varios incendios) o el puerto deportivo (en donde la Guardia Civil ya no dispone siquiera de espacio para atracar con seguridad sus embarcaciones).
Dos depósitos funcionan como tal en la ciudad, pero no hay acuerdo para que acojan todos estos vehículos que deben ser transportados sí o sí a las instalaciones de Benzú previo vaciado de las mismas.
La Ciudad ha realizado sus gestiones y trasladado sus informes a las áreas bajo responsabilidad con el peritaje de todo el material. Se espera solo la resolución que, según comunicó la Secretaría de Gobierno de Justicia, debe venir del Juzgado Decano. Solo así podría dejarse espacio a la entrada de nuevas piezas, solucionando parte del grave problema que se arrastra en la ciudad debido a la acumulación de vehículos de todo tipo. Hasta el momento no se ha producido el desbloqueo esperado desde todas las partes. No solo desde la propia Ciudad, la principal interesada puesto que se encarga de la gestión del depósito, sino también de la Autoridad Portuaria, que forzó una reunión en la Delegación del Gobierno con todos los responsables y la propia Abogacía del Estado para buscar una salida a lo que se le presenta como un grave problema de seguridad debido a los accidentes que ya se han sucedido.