Los padres de un
joven de Ceuta que se ha gastado “alrededor de 50.000 euros” durante los tres últimos años en distintas etapas en
salones de juego de la ciudad autónoma han denunciado a la
Policía Nacional que ese tipo de establecimientos se están saltando a la torera su deber de vigilancia para evitar que a su interior accedan menores de edad o personas que, como el aludido,
han formalizado una autoprohibición de entrada dándose de alta en el denominado Registro de Interdicciones.
Así lo hizo el 20 de febrero de 2020 su hijo, que ahora tiene 21 años, pero que empezó a frecuentar salas de juegos, bingos y casinos cuando todavía era menor. “Nos ha explicado que entonces lo conseguía, como sus amigos, con DNI de otras personas que sí superaban los 18”, han explicado sus progenitores a este periódico.
El chico accedió a prohibirse a sí mismo ese vicio y formalizó la correspondiente solicitud ante Servicios Tributarios, pero en sus recaídas “solo ha encontrado en el Casino del Parque Marítimo rechazo a permitirle la entrada”.
Según sus padres, en todos los demás locales de juego físicos existentes en la ciudad a los que ha intentado entrar en esta época escondiéndose de su entorno “se le ha consentido, a veces con la excusa de que conoce a algún empleado, otras con la de que lo hacía con documentación de otra persona...”.
Gracias a esa permisividad el joven “se ha gastado alrededor de 50.000 euros, tanto una indemnización que había cobrado por un accidente como todo lo que ha pedido prestado”. La familia está ahora teniendo que hacer frente a las consecuencias del drama ludópata “vendiendo todo lo que podemos y pidiendo a nuestro entorno para poder devolver lo que ha pedido”.
Una vez alertada la Policía Nacional, los padres del joven, que ha caído en “una depresión”, está preparando acciones judiciales contra los locales que, según han constatado hasta ahora, dieron carrete durante los últimos 30 meses a su afición al juego a pesar de su inscripción en el Registro de Interdicciones.
Los salones de juego deben contar, según establece la normativa de la Ciudad, endurecida en octubre del año pasado, con “un servicio de control de admisión, situado a la entrada del local” para identificar y registrar a los usuarios que accedan al establecimiento “requiriendo para ello la presentación del DNI, NIE o pasaporte”. La empresa titular de la autorización de funcionamiento del salón es la responsable del incumplimiento del deber de prohibir el acceso a los menores de edad y a las personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.
Permitir el acceso al juego a las personas que lo tienen prohibido de acuerdo con las normas vigentes está tipificado en la legislación como una falta muy grave susceptible de ser penada con multas de hasta 900.000 euros por parte de la Comisión Nacional del Juego, Interior y el Consejo de Ministros, así como la revocación de la autorización concedida y el cierre por desde tres años hasta para siempre del local.
Alrededor de cien personas están inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) en Ceuta.