Foto: Press Tetouan
Escándalo en el puerto de Kabila Marina. Se ha presentado una denuncia formal ante el fiscal del Rey en el Juzgado de Primera Instancia de Tetuán en la que se expone la existencia de “graves irregularidades que atentan contra los principios de transparencia y ponen en riesgo los derechos de los usuarios de esta instalación turística y marítima”, recoge el medio presstetouan.
La denuncia fue presentada por un ciudadano llamado Moaz Sahli, a través de su abogado adscrito al Colegio de Rabat, quien afirmó que se habrían cobrado importantes sumas de dinero en efectivo a varios usuarios sin emitir recibos ni documentos contables.
Los documentos presentados ante la justicia señalan además que se han vendido contratos de amarre sin base legal ni tarifas oficiales claras, imponiéndose pagos por años futuros de uso bajo amenazas, negándose a entregar los contratos a pesar del pago completo realizado por los usuarios.
Esta práctica fue calificada por el denunciante como una forma de extorsión administrativa inaceptable.
La denuncia también recoge actitudes de “desprecio abierto” en el trato hacia los propietarios de embarcaciones, así como el uso de facturación doble y tarifas arbitrarias sin respaldo legal, lo que ha colocado a varios usuarios en situaciones jurídicas inciertas.
El denunciante aseguró haber intentado formalizar un contrato de amarre para su embarcación de manera legal, y envió notificaciones al responsable de la gestión, pero sin éxito, incluso después de que un agente judicial verificara la presencia de la embarcación dentro del almacén del puerto.
La denuncia incluye una calificación jurídica de los actos atribuidos al denunciado como delitos penales, pero esto debe ser objeto de investigación.
El denunciante solicitó la apertura urgente de una investigación sobre los hechos, asegurando que dispone de una lista de testigos dispuestos a declarar ante la policía judicial y la fiscalía.
También envió una copia de la denuncia al gobernador de la provincia de M’diq-Fnideq, pidiéndole una intervención inmediata para poner fin a lo que describió como "irregularidades persistentes" en la gestión del puerto de Kabila Marina.
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