Un ceutí y trabajador eventual en la unidad operativa UR1 de Correos en Ceuta ha denunciado públicamente la falta de transparencia de la empresa pública en la gestión de las contrataciones temporales y de las bolsas de trabajo.
Según su testimonio, la compañía ha desatendido reiteradamente sus solicitudes de acceso a información pública, vulnerando la legalidad vigente y desoyendo incluso un mandato expreso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Los hechos se remontan al 11 de noviembre de 2024, cuando el trabajador formuló una petición formal solicitando datos sobre los procesos de contratación en la unidad UR1. Transcurrido el plazo legal de un mes, la empresa no ofreció respuesta alguna. Un segundo requerimiento, presentado el 27 de diciembre, fue igualmente ignorado, constituyendo un nuevo caso de lo que se conoce como “silencio administrativo”.
La información solicitada se centraba exclusivamente en los números de identificación personal (NIP) asignados a los trabajadores, con el objetivo de analizar los patrones de rotación en la contratación. “Solicité la documentación respetando la protección de datos en todo momento”, ha explicado el denunciante.
“Con los NIP podemos ver quién entra y quién no, sin necesidad de nombres ni datos personales”.
El trabajador critica también la falta de transparencia sindical. “Cuando preguntas a los sindicatos, siempre alegan protección de datos. No hay tablones, no hay listas públicas, no hay forma de fiscalizar el reparto de contratos, como sí sucede en otros sectores públicos, como el educativo”, afirma.
Ante la falta de respuesta por parte de Correos, el trabajador presentó el 3 de enero de 2025 una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El 10 de abril, este organismo resolvió a su favor (Expediente 27/2025), obligando a Correos a entregar la información requerida en un plazo de diez días hábiles. Sin embargo, llegada la fecha límite este 5 de mayo, la empresa sigue sin haber cumplido con la resolución.
La situación ha despertado preocupación en el denunciante y otros trabajadores eventuales sobre posibles prácticas de favoritismo o enchufismo en la contratación. “Me preocupa el secretismo alrededor de cómo se contrata en Ceuta. ¿Qué se está ocultando?”, se pregunta el trabajador, que considera que la opacidad vulnera los principios básicos de buen gobierno.
La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a información que permita supervisar la actuación de las entidades públicas. Además, jurisprudencia tanto nacional como europea respalda esta posición. El Tribunal Supremo español ha señalado en varias sentencias (como la STS 6344/2020 y la STS 5442/2021) que este derecho es una manifestación del principio de transparencia administrativa.
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia Magyar Helsinki Bizottság vs. Hungría (2016), estableció que el acceso a información pública es parte del derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando afecta a entidades que gestionan recursos públicos.
Correos S.A., S.M.E. es una empresa pública con participación estatal, que ha acumulado en los últimos años importantes déficits económicos. “Es inadmisible que una empresa sostenida con dinero público se niegue a rendir cuentas”, concluye el denunciante, quien ya estudia nuevas acciones legales si la situación no se corrige.
Por el momento, Correos no ha emitido ninguna respuesta pública al respecto.
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