Afirman que están cansados de que las autoridades “miren hacia otro lado” en los casos de marroquíes que buscan una salida para lograr la documentación que les permita legalizar su situación
Un problema que es ‘vox populi’ en la calle, pero que hasta ahora nadie se ha atrevido a denunciar. Hablamos de casos de violencia de género que tienen más de búsqueda de documentación y legalización de su estancia en España por parte de las víctimas que el perfil típico de una mujer que tiene ese problema como su principal prioridad.
Es la Oficina de Atención a las Víctimas de nuestra ciudad la que pone el dedo en la llaga. Y lo hace porque están cansados de ver a las autoridades “mirar hacia otro lado”. Señalan que no se puede argumentar que desconocen la situación que se da en este departamento de la administración de Justicia, pero “se lavan las manos, no prefieren hincar el diente”. En definitiva, como nos reconocen en esta Oficina de Atención a las Víctimas tienen que perder más tiempo intentando investigar los casos para intentar que no haya casos de fraude que de ayudar realmente a las mujeres que padecen esta situación en su vida cotidiana.
¿Cuál es ese problema? Esa denuncia se concreta en un número muy alto de mujeres marroquíes indocumentadas en nuestro país y que se casan por el rito coránico con un ceutí, da igual que de religión musulmana que católica y donde buscan, por encima de todo, la legalización de su situación. Quienes tratan a diario con esta problemática afirman que no solamente la mujer tiene sus prioridades con estos matrimonios claramente “de interés”, sino que también el hombre busca tener sus ventajas para contar con una esposa sumisa a la que tienen controlada siempre con la zanahoria de los papeles. Matrimonio que cuentan casi siempre con un denominador común, la diferencia de edad. Entre veinte y treinta años entre el hombre y la mujer.
En la Oficina de Atención a las Víctimas quieren dejar muy claro que cuando una de estas mujeres aparece para denunciar un hecho de malos tratos no es su prioridad este objetivo, sino que es la ‘hoja de ruta’ para lograr durante cinco años una serie de ventajas que ofrece la legislación española.
El perfil de la mayor parte de estas mujeres, todas ellas marroquíes, tiene según estos funcionarios, un patrón común. La primera prioridad es quedarse embarazada y que su hijo, por lo tanto, nazca en Ceuta. Su segunda idea es buscar la fórmula de legalizar la situación, siguiendo luego con contar con manutención ya que no tienen ningún recurso en Marruecos. Como cuarta lograr la atención sanitaria y, en último lugar, en todo caso, el tema de la violencia de género.
Saben que con el matrimonio, teniendo el hijo y con tiempo, lograrán asentarse en territorio español y con documentación que les permita olvidar sus penurias en Marruecos o vivir al otro lado de la frontera pero con ayudas y papeles que les permitirían cuando quisieran residir en nuestro país. Y conocen que si denuncian ser víctimas de violencia de género, al menos durante cinco años, cuentan con todas esas ventajas: dinero y papeles, su sueño cuando estaban aún al otro lado de la frontera.
Pero es que existen situaciones como la de una mujer que, después de haber gozado durante cinco años de los fondos públicos como persona que había padecido violencia de género, cuando se le acabó el dinero, volvió nuevamente con su marido.
En la Oficina de Atención a las Víctimas nos confirman que son abusos que ven todos los días, que las autoridades conocen a la perfección lo que está sucediendo, pero que no es “políticamente correcto” denunciarlo, aunque es una realidad con la que convivimos todos los días del año en nuestra ciudad.