Desde la más absoluta indignación, denunciamos el discurso de odio difundido por Revuelta, organización juvenil vinculada a Vox, en su visita a Ceuta y, en concreto, al barrio de El Príncipe.
Las declaraciones realizadas no constituyen una crítica política legítima ni una denuncia social seria. Son un ataque frontal a la convivencia, una incitación al señalamiento por motivos de nombre, origen y religión, y un ejemplo intolerable de racismo disfrazado de patriotismo. Vincular la legalidad, las ayudas sociales, el civismo o el respeto a las normas al hecho de llamarse “Mohamed” no solo es falso: es indecente, peligroso y profundamente irresponsable.
Ceuta no necesita provocadores venidos de fuera para dividir a su gente. No necesita campañas de estigmatización contra barrios enteros, ni mensajes que presenten a una parte de la población como sospechosa por definición. Quienes lanzan estas consignas no vienen a resolver problemas, vienen a explotarlos políticamente, a enfrentar vecino contra vecino y a alimentar el miedo como estrategia.
Es especialmente grave que se utilicen símbolos, escenarios y mensajes calculados para dar apariencia de legitimidad a un discurso que solo busca degradar la convivencia democrática. Señalar a ciudadanos españoles, musulmanes o ceutíes como si fueran menos dignos, menos legítimos o menos merecedores de derechos revela la verdadera naturaleza de quienes promueven estas campañas: una política basada en la exclusión, la provocación y la miseria moral.
Frente a quienes pretenden convertir Ceuta en un laboratorio de odio, afirmamos con claridad que esta ciudad merece respeto. Merece soluciones, inversión, igualdad ante la ley y responsabilidad institucional. No merece ser utilizada como decorado para campañas ultras ni como escaparate de discursos xenófobos.
Condenamos de forma rotunda estas manifestaciones y rechazamos cualquier intento de romper la convivencia entre ceutíes. Ceuta es plural, diversa y profundamente digna. Y no va a dejarse arrastrar por quienes solo saben sembrar odio para obtener rédito político.
Pregunta que dejo en el aire: ¿el 95% de las casas son ilegales?