Ha producido verdadera alarma social el comportamiento del Tribunal Supremo, a propósito de la sentencia de la Sección 2ª la Sala de lo Contencioso en la que, cambiando la jurisprudencia hasta este momento establecida, condenaban a un banco a pagar los gastos de un préstamo hipotecario. En concreto, de la parte correspondiente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Pese a que ya esta Sección especializada en tributos había dictado dicha sentencia, en consonancia con la jurisprudencia de la Sala de lo Civil, el Presidente de la Sala decidió que se reuniera el Pleno de la misma para revisar lo dictaminado. El resultado es el conocido por todos. Seguirán siendo los consumidores los que paguen estos gastos. Evidentemente, se trata de una situación insólita y “aberrante”, que genera inseguridad jurídica y causa un verdadero daño a los consumidores. En esto llevan razón las asociaciones de consumidores. También los grupos parlamentarios y demás partidos que se han pronunciado en este sentido. En lo que ya no estoy de acuerdo es en que se convoquen manifestaciones a las puertas de los Juzgados. Tampoco estuve de acuerdo en la manifestación convocada por Ciudadanos en Alsasua en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por una agresión ya juzgada y sentenciada. Seguir removiendo el daño causado por el terrorismo no es bueno. Aunque no se puede olvidar, “pasar página” es necesario para seguir leyendo un libro, como lúcidamente me decía un amigo días atrás. Como he escrito en alguna otra ocasión en estas mismas páginas, las relaciones entre el Derecho y el Poder han constituido una preocupación constante de las distintas doctrinas y corrientes de pensamiento filosófico y social a lo largo de la historia de la humanidad, desde los sofistas griegos, hasta los estoicos, que construyeron una doctrina de la ley que sirvió de apoyo para el pensamiento cristiano. Más cercanos en el tiempo, cuando el poder de la razón se situó por encima de cualquier otra actividad, nos encontramos a Tomás Hobbes entre los defensores del poder absoluto, del Estado como Leviatán; a John Locke que fundamentó el liberalismo y defendió, por tanto, la necesidad de que el Estado no violara los derechos naturales del individuo, iniciando la doctrina de la separación de poderes, que más adelante completaría Montesquieu; o a J.J.Rousseau, que sentó las bases de la moderna democracia. En la actualidad, la forma de legitimación del poder político más generalizada, como Max Weber definió, es la denominada "legitimación legal", según la cual el poder político subsiste gracias a la transferencia que de la potestad de mando hacen los miembros de la sociedad a un centro de decisión único, con lo que la propia sociedad es siempre el titular último del dominio y los órganos que lo ejercen. Siguiendo con este razonamiento, el fundamento del Estado Democrático y de Derecho está en el poder que transfiere el pueblo, en las normas que le hacen funcionar y en la separación de poderes. Podemos estar en desacuerdo con ciertas leyes. También con determinadas sentencias. De hecho, en el mundo jurídico en el que me he movido profesionalmente algunos años se decía que para ganar una sentencia se debía tener razón, saber explicarla a los jueces y que te la dieran. Incluso podemos estar en desacuerdo con las esencias mismas de la Democracia y pensar que la única solución para cambiar las cosas es hacer una Revolución. Todo esto es lícito. Pero si aceptamos las reglas del juego democrático, aunque solo sea por puro posibilismo, hemos de respetar las resoluciones que se producen, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Y a partir de ahí, iniciar las acciones que consideremos oportunas para que las mismas se cambien. En el caso que nos ocupa, es claro que la norma la ha dictado el poder legislativo. El poder judicial sólo la interpreta. No siempre de la misma forma. Por eso la jurisprudencia, que no es igual que la ley, cambia frecuentemente. Y no porque nos concentremos en las puertas de los Juzgados vamos a conseguir que los Jueces cambien su criterio. En todo caso conseguiremos crispar los nervios de muchos ciudadanos, que dejarán de confiar en la Justicia y, quien sabe, en el futuro podrían acoger con simpatía los mensajes de cualquier “mesías” que aparezca por ahí. Sí es verdad, y hasta legítimo pensarlo, que las tremendas bajadas en bolsa de las acciones de los bancos a raíz de la primera sentencia, quizás influyeron en la decisión final de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Esto no debería ser así. También, que la forma de realizarlo, no ha sido de lo más ortodoxa. Pero, tampoco deja de ser cierto, y en esto le doy la razón al Presidente de la Sala, que corresponde al poder legislativo y al ejecutivo hacer normas más claras que permitan a los jueces interpretarlas adecuadamente. No quisiera yo que se confundieran mis palabras con un apoyo a lo realizado por este órgano judicial en este caso. Todo lo contrario. Ni estoy de acuerdo con el fondo, es decir, con la jurisprudencia que endosa a los consumidores el pago del Impuesto, ni con la forma de proceder, reuniendo a la Sala para enmendar la plana a los magistrados especialistas en derecho tributario de la Sección correspondiente. Esto no es de recibo. Pero tampoco considero acertado que se lancen proclamas incendiarias a la población contra la Administración de Justicia. No podemos olvidar que han sido los jueces españoles y europeos los que nos han ayudado a mantener la esperanza en tiempos de desesperanza. Baste recordar lo de las cláusulas suelo, las sentencias condenando las clausulas abusivas de la banca, las sentencias echando por tierra parte de la terrible reforma laboral que llevó a cabo el gobierno conservador, y tantas otras sentencias que hacen justicia de verdad. Yo mismo he conseguido algunas de las que estoy orgulloso. También mis patrocinados. Si hay algo que rechazo de plano de los partidos independentistas, no es su deseo de independizarse. Tienen derecho a pedirlo y a luchar por ello. Pero es inadmisible a todas luces, que quieran usar el sistema democrático actual para que se lleven a cabo acciones contrarias a su propio ordenamiento. O cambiamos el ordenamiento mediante un acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias, o se hace una revolución, o no hay otra que respetar las normas establecidas por todos. Justamente estos comportamientos irresponsables, bajo mi punto de vista, son los que están llevando al mundo a dotarse de gobiernos de extrema derecha, xenófobos, supremacistas y antidemocráticos. Sorprendentemente, partidos que no admiten la democracia, son los que se están sirviendo de ella para hacerse con el poder, violentar sus normas, y las normas internacionales sobre Derechos Humanos. La subida de los nazis al poder el siglo pasado es el precedente más cercano y terrible del que deberíamos acordarnos. Aplaudo el anuncio hecho por el presidente del gobierno Pedro Sánchez (que no está resultando tan torpe como nos lo pintaban Cebrián y González) de efectuar un cambio normativo para que sean los bancos los que asuman el coste del impuesto por las hipotecas. También le animo a que busque la forma, que la debe de haber, de suprimir dicho impuesto, que no hace más que dañar las economías de los más débiles. Asimismo, celebro la decisión de las organizaciones de consumidores de seguir adelante en su batalla judicial contra esta injusticia. Pero también, llamo a la calma a mis amigos de Podemos y demás grupos de izquierdas, para que no caigan en la tentación de “arengar” a las masas de forma innecesaria. El Poder judicial necesita independencia. Respecto a los demás poderes, pero también respecto al poder de las “masas” populares enardecidas.