Las dependencias del antiguo Banco de España en Ceuta, donde tiene su sede el Juzgado de lo Social, acogieron ayer la vista en la que dos trabajadores transfronterizos representados por la Asesoría Sharika defendieron su demanda contra la empresa Cash-Diplo para reclamar su reincorporación a sus puestos de trabajo con fecha 30 de mayo del año pasado y el cobro de sus salarios y cotizaciones con efectos retroactivos a esa fecha.
La abogada laboralista Lourdes Paramio y la graduada social Fatiha Lahsen, que acudieron al juicio junto a Rachid Amnad, uno de sus representados (el otro no puede acceder a la ciudad autónoma al no contar con visado Schengen actualmente), mostraron al término de la sesión su confianza en que la magistrada dé la razón a los demandantes en su defensa de la “verdad material” de lo acontecido.
De acuerdo con su relato, tras treinta años de trayectoria laboral, la empresa decidió con el estallido de la pandemia de la enfermedad del coronavirus incluir a solo uno de ellos en el expediente de regulación temporal de empleo que promovió.
Tres meses después, ambos quedaron en la misma situación: solicitando excedencias voluntarias cada trimestre desde el país vecino. Cuando se reabrió la frontera y solicitaron la reincorporación a sus puestos, el patrón alegó para dejarlos en la calle que no existían vacantes de igual categoría en la plantilla.
“Las excedencias voluntarias no tienen reincorporación inmediata, pero el Derecho Laboral es antiformalista y debe buscar la verdad material, que en este caso y a la luz de los antecedentes es evidentes: la empresa impuso a los trabajadores esa fórmula como la mejor manera de evitar pagar sus cotizaciones”, defiende Paramio, que considera obvio que se trató de un “negocio simulado”.
Desde su punto de vista “se trata de una situación muy similar a la de los ‘falsos autónomos’, que supuestamente firman un contrato libremente, pero en realidad no se da tal circunstancia e incluso existe un consentimiento viciado por falta de información y causa falsa”.
Paramio, reconocida abogada especialista en derecho laboral con una muy amplia y diversa trayectoria profesional, forma parte como Lahsen de la red BPW y considera que en el caso de Amnad y el otro trabajadores transfronterizo al que defiende en este procedimiento “ambos fueron dejados en un limbo por su empresa en un marco de normas laborales y administrativas en el que mantenían su relación laboral, pero no percibían ningún ingreso ni se cotizaba por ellos”. Al tratarse de transfronterizos no tenían derecho a percibir subsidio alguno, algo que ahora trata de cambiar el Gobierno de Pedro Sánchez.
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