El delegado del Gobierno en Ceuta, Rafael García, ha posado este miércoles por primera vez ante las cámaras delante de la futura aduana comercial del Tarajal, de momento un módulo prefabricado pintado de azul en el que ya luce el anagrama de la Delegación en la ciudad de Aduanas e Impuestos Especiales. A la infraestructura le faltan solo “cosillas”, ha dicho, para cumplir el compromiso de proceder a su entrada en funcionamiento “en enero”, como ha reiterado.
“Se están haciendo cosillas”, ha argumentado al ser preguntado por si falta algún equipamiento extra, “pero con la aduana comercial es muy claro el mensaje que tiene el Gobierno de la Nación: se abrirá durante el mes de enero y es una decisión y una apuesta firme” que no solamente abre nuevas perspectivas de posible desarrollo económico, sino que también tiene una lectura política de trascendencia.
A continuación, repreguntado, el delegado ha insistido en que “tendrán que implementarse varias cosillas más en las que se está trabajando, pero quedan días y en breve tendremos noticias”.
El acondicionamiento de la aduana comercial que España y Marruecos pactaron la primavera pasada abrir en Ceuta en el inicio de una “nueva etapa” en sus relaciones iban a exigir un desembolso inmediato de 120.000 euros. A largo plazo se invertirán otros 390.000 para contar con una construcción de 300 metros cuadrados, tal y como se prevé en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad elaborado por el Ministerio de Política Territorial.
El delegado de la Agencia Tributaria en la ciudad autónoma, Ramón Lozano, adelantó hace dos meses que las obras en ejecución permitirían “adaptar” las instalaciones “perjudicadas por el paso del tiempo tras el cierre de la frontera y su posterior apertura” y acondicionarlas para que admitan el tráfico de vehículos de “hasta 3.500 kilogramos”, aunque no detalló con qué tipo de productos. En cualquier caso, su ampliación se plantea de forma “gradual” y “progresiva”.
La Administración General del Estado considera que la aduana, que no se concibe para el tránsito de mercancías “a gran escala”, sino con una perspectiva “regional” para “regular el tránsito de productos entre dos zonas limítrofes pertenecientes a dos países distintos”, será “la formula más eficaz para acabar con el comercio atípico o contrabando, un objetivo primordial y compartido con el país vecino”.
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