La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, “no tiene opinión” sobre las sentencias del
Tribunal Supremo que han confirmado
la ilegalidad de las repatriaciones exprés de
55 menores marroquíes ejecutadas en agosto de 2021 con la complicidad de la entonces vicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu, cuyas consecuencias penales todavía están por aclarar. Más de una semana después de que se conociese el primer veredicto del Supremo ratificando los pronunciamientos de primera y segunda instancia, la institución de la
plaza de los Reyes tampoco ha contestado a si intentará o no retornar a España a los chicos que litigaron contra su expulsión. Así se lo ordenó el Juzgado de lo Contencioso local en 2022, cuando la Delegación argumentó que solo lo haría si el veredicto llegaba a ser firme. Pérez ha querido ser “clara y contundente” este miércoles en rueda de prensa a la hora de desmarcarse del asunto: “No creo que deba opinar al respecto... No es mi trabajo ni mi tarea como delegada del Gobierno. Hay que respetar a las instituciones, en este caso al
Poder Judicial, que si ha emitido ese tipo de sentencia hay que respetarla y acatarla”, ha alegado.
A continuación ha insistido en que es preciso mantener un “respeto absoluto al órgano máximo de los Tribunales como es el Supremo”. “Esta delegada no tiene opinión al respecto más allá del respeto y toda la consideración a las actuaciones de los órganos jurisdiccionales”, ha repetido. Tanto el ministro del Interior como el Gobierno de la Ciudad han mostrado un acatamiento crítico de las resoluciones del Alto Tribunal insistiendo en que tanto la Administración General del Estado como la local creyeron obrar en agosto de 2021 de manera acorde con la legislación vigente aplicando un Acuerdo con Marruecos de 2007 que nunca se había implementado hasta entonces. El Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad alertó verbalmente y por escrito de que el procedimiento elegido al margen de la
Ley de Extranjería y su Reglamento violaba la normativa nacional e internacional, pero se hizo caso omiso a sus advertencias y se completó la deportación de 55 niños migrantes solos llegados a Ceuta durante la crisis de mayo anterior hasta que la Justicia ordenó la paralización cautelar de las expulsiones.