El Tribunal Supremo ha ratificado una segunda condena a la Delegación del Gobierno en Ceuta para que tome las medidas necesarias para conseguir el retorno de otros 12 menores que fueron repatriados a Marruecos en agosto de 2022. Un retorno considerado ilegal.
La Sala de lo Contencioso Administrativo ha dictado una segunda sentencia en la que reafirma que la devolución de menores tras las avalancha de los días 17 y 18 de mayo de 2021, llevada a cabo por la Delegación de Gobierno, fue "ilegal" por la "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería y porque lo prohíbe "de manera lapidaria" el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ahora se tendrá que hacer lo posible para que esos 12 menores puedan volver a España al considerarse que el paso dado no fue legal.
Se trata de un procedimiento similar al que resolvió recientemente la Sala en una primera resolución que ratificó la condena de un Juzgado de Ceuta y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la Delegación de Gobierno para que tome las medidas necesarias para conseguir el retorno de los menores repatriados a Marruecos.
Jurisprudencia, el primero fallo del TS es el precedente
De hecho, esta nueva resolución se limita a aplicar la jurisprudencia del primer caso, que afectaba a ocho menores, a los que se suman otros doce en este segundo procedimiento.
Entonces, la Sala estableció que esos retornos deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el Acuerdo hispano-marroquí de vuelta concertada de menores, como defendía la Abogacía del Estado en representación de la Delegación de Gobierno y la propia Ciudad.
Los magistrados recuerdan que las prescripciones de la Ley de Extranjería exigen un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del fiscal, lo que no ocurrió en la expulsión de aquellos menores marroquíes en agosto de 2021.
El Supremo, con esta nueva sentencia, desestima el segundo de los recursos de la Delegación de Gobierno y la Ciudad de Ceuta en un proceso impulsado por la Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, que han llevado la representación de los doce menores.
