Fuentes de la Delegación del Gobierno han señalado a esta redacción que el escrito enviado desde la Administración General del Estado a la Ciudad Autónoma de Ceuta para que aclare determinados puntos del acuerdo adoptado el pasado mes de junio sobre la reforma de la ordenanza para cédulas de habitabilidad está basado en la necesidad de entender algunos aspectos del texto al que se le dio el visto bueno. Además, se alude en contestación al comunicado de Caballas publicado en nuestra edición de ayer lunes que “por supuesto, la Delegación no lleva el control de la acción política de la Ciudad Autónoma, pero tampoco Caballas se puede erigir con esa condición, cuando nada más que ostenta cuatro de los veinticinco diputados de la Asamblea, sin olvidar que la Delegación del Gobierno es la garante del cumplimiento de la ley en cuanto a los ayuntamientos”. Por otro lado, esas mismas fuentes hacen alusión a que en la ordenanza que se ha aprobado también se tocan algunas leyes que son competencia del Estado.
Delegación
Lo cierto es que por parte de la Delegación se está esperando esa contestación desde la Ciudad Autónoma para que por parte de los servicios jurídicos del Estado se analice si este acuerdo sigue incumpliendo, desde su punto de vista, la ley, con lo cual entonces tomarían el camino de acudir al Contencioso.
Esta situación se provoca a partir del mes de marzo cuando por parte de la Delegación del Gobierno se presenta una alegación a la aprobación inicial de la ordenanza sobre cédulas de habitabilidad, según la cual se pretende que las viviendas que cumplan con una serie de requisitos, pero que no están regularizadas pudieran acceder a los recursos básicos como la luz y el agua. Tras la presentación de la citada alegación, la comisión informativa de Fomento, con el visto bueno de las formaciones políticas, la admite y se cambia el texto, el cual es llevado a la sesión plenaria de julio y por parte del Gobierno autonómico se entiende que los cambios producidos era más que suficientes para atender las peticiones de adecuación por parte de la Delegación del Gobierno.
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