La
Delegación del Gobierno de Ceuta no está de acuerdo con el plan que, para cerrar ya las naves del Tarajal gestionadas por
Cruz Roja acondicionadas como alojamientos de emergencia tras la crisis de mayo del año pasado, ha trazado el
Ejecutivo local. La hoja de ruta del Gobierno que preside
Juan Vivas pasa por clausurarlas a partir del martes de la próxima semana, 15 de febrero, y en cualquier caso antes del 31 de marzo a pesar de que en su interior
siguen alojadas unas 170 personas, entre ellas alrededor de 20 ceutíes, otros tantos subsaharianos y más de un centenar de ciudadanos marroquíes y argelinos. El colectivo incluye a al menos cuatro menores acompañados por alguno de sus progenitores y ancianos que en algún caso superan los 70 años. En la institución de la Plaza de los Reyes consideran que “ese cierre no puede darse de forma tan inmediata” porque “se trata de un servicio esencial en estos momentos”. “Continuamos en situación de pandemia y con ella los protocolos en materia de llegada de personas a Ceuta de manera irregular: Salud pública es competente en esta materia”, recordaron a este periódico ayer desde la Delegación. “El pasado 17 de mayo sufrimos la crisis migratoria mas importante de nuestra historia y, a pesar de que se puedan considerar resueltas las consecuencias más gravosas, queda mucho que hacer en materia de prevención y actuación en caso de emergencia que requiere la coordinación entre ambas Administraciones”, alegaron los de Salvadora Mateos, que recordaron que “el Gobierno de España ha aportado a la Ciudad más de 14 millones a través de fondos de emergencia de la UE para afrontar los gastos asumidos en la gestión de la pandemia”.
Además, “en el mismo sentido hay previsión de transferir una nueva partida de algo más de 7 millones sin contar con que existe un convenio relacionado con el hecho fronterizo que asciende a más de 3 millones de euros anuales”. Por todo ello, en la Plaza de los Reyes creen que el calendario proyectado puede y debe tener vuelta atrás: “Como continuación de lo tratado con el presidente de la Ciudad durante la visita del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, habrá una reunión entre ambas administraciones para tomar las decisiones mas oportunas para garantizar la salud pública y la seguridad de Ceuta”, adelantaron.
Alternativas habitacionales
A la espera de saber si la administración local, que cifra en unos 100.000 euros mensuales el coste de mantenimiento de las naves abiertas con su ocupación actual, da o no su brazo a torcer, la Consejería de Asuntos Sociales, por la que no ha pasado “ninguno” de los ceutíes alojados en los polígonos, ha comenzado a entrevistarse con todos los ciudadanos españoles allí albergados para plantearles alternativas habitacionales en función de sus características. Para los de edad más avanzada se ha explorado la posibilidad de facilitar su acceso al centro de estancias nocturnas que gestiona
Cruz Blanca en el Sardinero y para los demás se baraja recurrir al programa de alojamiento alternativo, ya sea con su hospedaje temporal en hostales o a través de ayudas para contribuir al pago del alquiler de una vivienda. Con el resto, la Ciudad entiende que los ciudadanos subsaharianos que se encuentran en las naves pasarán en cuanto terminen sus cuarentenas al
CETI, que está a un 50% de su nivel de ocupación máximo operativo (512 plazas), y que los migrantes magrebíes cruzarán el estrecho como solicitantes de asilo con sus peticiones admitidas a trámite en breve plazo, tal y como han conseguido cerca de 3.000 compatriotas durante los últimos meses.
La residencia de los que acaban de cumplir los 18, una incógnita
Parte de los marroquíes acogidos actualmente en las naves del Tarajal gestionadas por Cruz Roja son jóvenes que o bien acaban de cumplir los 18 o bien han sido declarados por pruebas de determinación de edad (de fiabilidad largamente cuestionada) adultos. En muchos casos esos chicos han pasado más de tres meses bajo la guarda o custodia de la administración local, con lo cual deberían tener acceso con el nuevo Reglamento de Extranjería a la residencia en España sin tener que recurrir a la petición de protección internacional para vía admisión o por silencio administrativo poder cruzar el estrecho, pero según las organizaciones que les asisten o acompañan, muchos no han sido informados de ese derecho ni han sido documentados.
Los apuntes
Albergue. Naves, nuevo proyecto... El Gobierno local decidió el verano pasado reservar 5 millones de euros para la compra de naves en los polígonos del Tarajal con los que consolidar algunos de los recursos de emergencia habilitados tras la crisis de mayo por si volviesen a ser necesarios en el futuro o para dar cabida a servicios municipales, pero de la adquisición efectiva de las mismas nada más se ha vuelto a saber. En paralelo, el Estado se ha comprometido a aportar fondos europeos, unos dos millones, para la construcción de un albergue con comedor social, proyecto que debería estar operativo en 2023 con 45 plazas. Actualmente la ciudad no tiene ninguna infraestructura
Acogida de Servicios Sociales. Según fuentes del Ejecutivo local, “ninguno” de los ceutíes que permanecen alojados actualmente en las naves del Tarajal ha pasado previamente por Servicios Sociales para explorar soluciones a sus casos personales. La Consejería que dirige Dunia Mohamed comenzó ayer a ofrecer a los más ancianos la posibilidad de entrar en el centro de estancias nocturnas de Cruz Blanca y con el resto se valorarán sus casos para optar por darles cobijo en hostales a través del programa de alojamiento alternativo o ayudas al alquiler para facilitar su acceso a una vivienda con independencia.