Delegación plantea una sanción por la seguridad en la desaladora

La Delegación del Gobierno ha emitido un comunicado oficial para contestar a las últimas acusaciones vertidas por CCOO que ya, ayer, le acusaba de hacer oídos sordos ante esta denuncia e inhibirse en su responsabilidad en torno a la seguridad de la desaladora. Decía CCOO que de un tiempo a esta parte se había retirado a los vigilantes armados para colocar a unos contratados que no podían, sin medios, garantizar la seguridad adecuada en esta sede. Incluso aludían a la presencia de un contratado marroquí.
Ese último comunicado ha sido la gota que colma el vaso, así que ya Delegación ha contestado advirtiendo al sindicato que cada uno tiene sus plazos y que no es que la administración se haya inhibido en este asunto, sino que ha seguido los cauces oportunos antes de salir en prensa y dar su versión de los hechos. ¿Y cuál es esa versión? Que está barajando la idea de incoar un expediente sancionador por lo que está ocurriendo en la planta, toda vez que existía una resolución dictada por el anterior delegado del Gobierno que no se está cumpliendo.
“Esta incoación, en su caso, sería comunicada  al denunciante de acuerdo con el artículo 11.2 del Real Decreto 1398/1993, que regula la referida  notificación”, indica. La Delegación ha concretado que “está aplicando  de manera estricta y determinante, como no puede ser de otra manera, los procedimientos que marca la Ley, ya que una vez conocida la denuncia formulada por algunas centrales sindicales en relación a la situación de la seguridad en la desaladora, se solicitaron los informes pertinentes para constatar la veracidad de la denuncia formulada”, apunta.
Advierte ahora la administración que “todos los procedimientos administrativos están sometidos a unos tiempos determinados, por lo que no se puede confundir deliberadamente inhibición de  las obligaciones ni pasividad, con cumplimiento de los plazos establecidos que la administración debe acatar, que no tienen por qué coincidir con los tiempos que determina el denunciante, ya que la seguridad jurídica debe prevalecer en todo momento”, señala.
De esta manera saca pecho y replica, de forma objetiva y sin buscar polémicas, a quienes acusaban a Delegación de ser cómplices de un presunto incumplimiento de lo marcado por la ley de seguridad. Ya CCOO ha trasladado de hecho su denuncia directamente a Madrid. Mientras desde la playa de los Reyes se asegura que “la administración no puede adoptar resolución alguna sin antes haber recabado la información pertinente por conducto oficial sobre los hechos denunciados, con el objeto  de tener un conocimiento exhaustivo de la situación  para de este modo adoptar  una decisión ajustada a Derecho”, señala.