La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Livia Rosales Fernández, ha desmentido las recientes declaraciones de la Consejería de Servicios Sociales sobre el Centro de Crisis 24 horas.
Rosales ha sido tajante al rechazar "cualquier acusación de obstrucción", señalando que la apertura de este recurso "debería ser, ante todo, una buena noticia para nuestra ciudad".
Frente a las "acusaciones" de la Ciudad Autónoma, la responsable de la Unidad ha manifestado su "profunda sorpresa".
"Como jefa de la Unidad debo señalar con claridad que esa afirmación no se corresponde con la realidad y, por respeto a las instituciones y a la ciudadanía, debería ser rectificada", ha aseverado.
Rosales ha defendido la labor de la administración central, asegurando que la Delegación "no solo no ha puesto obstáculos, sino que ha trabajado desde el primer momento para que este recurso estatal pudiera implantarse en Ceuta cuanto antes".
Este centro es una iniciativa del Gobierno de España, financiada con alrededor de 1,2 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
A pesar de contar con los fondos, la ejecución por parte de la Consejería ha sufrido constantes demoras, “el centro debía haber estado en funcionamiento antes de finales de 2024, se solicitó una prórroga hasta el 2 de junio de 2025 que tampoco se cumplió y a día de hoy, Ceuta es el único territorio del país que todavía no cuenta con un Centro de Crisis 24 horas operativo”, ha recordado Rosales.
La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer ha hecho hincapié en las consecuencias sociales de esta demora.
"Durante todo este tiempo ha habido mujeres en nuestra ciudad que han sufrido violencia sexual sin poder contar con un recurso especializado de atención inmediata y permanente", ha lamentado Rosales, añadiendo que se trata de mujeres que han afrontado situaciones duras "sin el apoyo que este servicio estaba precisamente diseñado para ofrecer".
"Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, la responsabilidad de las instituciones es colaborar, no competir. Las víctimas deben estar en el centro de la política y lo que no es aceptable es intentar reescribir la historia de este proyecto: las mujeres de Ceuta no merecen excusas, merecen recursos funcionando", ha concluido Rosales.
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