La
Delegación del Gobierno giró ayer una visita de cerca de dos horas al edificio de la antigua prisión de Los Rosales, perteneciente a Instituciones Penitenciarias. El propósito es valorar su estado para concretar qué uso se le puede dar a este instalación que está cerrada desde la salida de sus últimos presos y posterior traslado a la
cárcel de Mendizábal.
En dicha visita estuvo presente la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y según han concretado fuentes de la administración central no hay nada cerrado todavía aunque sí son barajadas distintas opciones como la de un uso sociale de este edificio para impartir formación. Eso sí, se toman con cautela el uso definitivo que se dará a la antigua cárcel pero sí disponen de la decisión de dar pasos al respecto toda vez que se ha iniciado la nueva legislatura y se va a ratificar al equipo que lleva las riendas de la plaza de los Reyes en la actualidad.
En su día la Ciudad Autónoma pidió una cesión de este edificio incluso como albergue para los menores extranjeros no acompañados, pero dicha salida no fructificó. Es la Delegación la que decidirá el empleo que se le va a dar, todo con tal de buscar una alternativa a un edificio que en la actualidad está vacío y abandonado, hasta el punto de que se han colado okupas en su interior, la han desvalijado y se han producido incendios.
Instituciones Penitenciarias nunca se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ante las continuas incursiones en donde antes eran celdas e instalaciones destinadas a los presos. Era una de las cárceles más antiguas del país hasta su cierre definitivo, en noviembre de 2017.
Fuentes de la Delegación del Gobierno han comunicado a este periódico que tienen en mente el inicio de varios proyectos que tenían bloqueados, entre ellos el de este uso.