La institución de la plaza de los Reyes, con Nicolás Fernández Cucurull al frente, se reunió ayer con representantes de los cuatro polígonos para tratar la problemática de los bultos “fraudulentos” y las consignas “irregulares”, que aseguraron quienes regentan los almacenes soliviantados, impiden que sus mercancías puedan salir a Marruecos.
La Puerta Norte se ha convertido en la ‘moneda de cambio’ que la Delegación del Gobierno ofrece a los comerciantes del Tarajal para que acaten su pretensión de que los empresarios realicen el “obligatorio” plan de seguridad en los polígonos y que sean los mismos comerciantes quienes contraten el servicio de seguridad privada que se ocupe de ordenar el interior de los polígonos, como coincidieron los presidentes a la salida de la reunión. La Puerta Norte es un acceso que conecta la frontera del Tarajal con los polígonos y que se dedicaría a la salida de mercancías cuando cierre el ‘Tarajal II’ dentro del régimen de viajeros-pasajeros –“bolsas y carros”–.
“Vamos a tener que sentarnos todos los comerciantes, con los propietarios y decidirlo con nuestros abogados y asesores” antes de llegar a un acuerdo con la Delegación, adelantó Bilal Dadi, presidente de la Fase II. Uno de los puntos más espinosos en ese debate interno será cómo financiar la seguridad después de meses de pérdidas. Cuando surgió la polémica en torno al plan de seguridad, los empresarios esbozaron el cobro de una tasa que grave el bulto.
Dadi indicó que los comerciantes se iban a sentar para tener el plan de seguridad “lo antes posible” y barajó septiembre para su puesta en marcha siempre y cuando hubiese consenso entre los empresarios.
En la tarde de ayer, Mohamed Ahmed, presidente de La Chimenea, ya emitió el veredicto compartido con sus homólogos de Alborán y Fase I: “No vamos a negociar con la Puerta Norte, pondremos la seguridad privada cuando las autoridades hayan acabado con el negocio del bulto ajeno a nuestros negocios”. De este modo, la Fase II estudiará en solitario la propuesta de la Delegación.
Ahmed recordó que presentaron recursos de alzada contra la obligación de contar con un plan de seguridad y están “dispuestos a ir a los tribunales en el caso de desestimarlos”.
A preguntas de los empresarios, el presidente de la Fase II reconoció que con el plan de seguridad en vigor “si pasa algo, es responsabilidad” de los empresarios y, confirmó, “seremos el primer puesto fronterizo del mundo con seguridad privada”. Dos argumentos que tampoco convencieron a todos sus compañeros de movilizaciones.
La Asociación de Comerciantes explicó que las circunstancias coyunturales que vetan su mercancía estriban en que las consignas, “que declaran lo que quieren en la importación”, pagan al porteador hasta 100 euros por bulto, mientras que aquellos negocios “legalmente establecidos” no se pueden permitir ese lujo. “Si el contenedor que trae de Cobo Calleja tiene una valor real de 200.000 euros, pero solo declaran 20.000, así disponen de margen suficiente para pagar ese sobreprecio por bulto”, argumentó la entidad.
La lucha contra las consignas entraña una serie de dificultades que el delegado admitió ante los comerciantes. Explicaciones que algún presidente entendió y aceptó. “El delegado se ha comprometido a que las inspecciones van a ser más efectivas y nos va a reabrir la Puerta Norte para que podamos respirar y más adelante intentará cerrar las consignas”, argumentó Dadi.
La conclusión que extrajo Dadi fue que el delegado está “totalmente en contra del fraude” y que como se comprometió “a ayudar, nosotros haremos todo los posible en colaborar”. Por su parte, Ahmed apuntó que estará satisfecho cuando vea que las soluciones son una realidad.
Los coches-patera repletos de mercancías que colapsan la carretera de la frontera con el consecuente perjuicio para la ciudad no estuvo incluido en el orden del día. “El bulto es el mayor problema de los polígonos”, apostilló Ahmed.
“El delegado dice que no es cierto el rechazo de clientes”
Los filtros del GRS de la Guardia Civil, que como denunciaron los empresarios rechazan en el Jato a clientes que portan bolsas de mano con compras de uso personal y tienen que devolverlas a las naves, fue otro de los asuntos abordados. Aunque la Delegación del Gobierno negó la mayor. “Hemos comentado el trato que está dando la Guardia Civil a la gente, donde están requisando mercancía y le prohibe salir a Marruecos con un paquete de café, de galletas, una sartén, una olla o una manta”, comentó Mohamed Ahmed, presidente de La Chimenea, a su salida de la reunión. “El delegado dice que no es verdad, que no tiene constancia de ello”, aseveró Ahmed, a quien un empresario espetó que tienen vídeos donde puede verse. “Nosotros le hemos mostrado unas fotos de que negaron el paso por una sartén y una olla”, añadió Ahmed. Unos controles por parte de los guardias de los que también ha sido testigo este periódico. Al respecto, el presidente de la Fase II, Bilal Dadi, “dijo que verá qué pasa y cómo va a solucionar el problema pero nos va a ayudar y vamos a tener futuros beneficios”. En cuanto al sistema de tickets, Dadi dijo que la Delegación no lo retira pero que va a perfeccionarlo para evitar las argucia de las “mafias”.
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