Los Servicios Jurídicos de la
Delegación y del
Gobierno de Ceuta están “estudiando” las dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que han estimado sustancialmente los recursos interpuestos por la
Fundación Raíces y la Asociación Coordinadora de Barrios contra las expulsiones de menores extranjeros no acompañados ejecutadas en agosto del año pasado al margen de lo previsto en la legislación española. Su objetivo es decidir si los veredictos, que no son firmes, serán recurridos o no ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). “Como siempre, respetamos absolutamente todas las sentencias judiciales y no entramos en valoraciones, pero no son firmes, cabe recurso”, ha señalado el portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, en una rueda de prensa en la que ha enfatizado que las consecuencias de los fallos “exceden el ámbito de la ciudad y son un asunto de Estado que como tal debe ser tratado”. El Juzgado ha condenado a la Delegación, que también debe asumir las costas, a “adoptar las medidas necesarias” para conseguir “el retorno de los menores de edad [no acompañados] que fueron efectivamente repatriados”, en concreto de 14 de los 20 que recurrieron contra su devolución exprés. Para que la resolución afectase a los 55 efectivamente expulsados al país vecino el resto tendrían que solicitar y ver estimada una extensión de la misma, según han indicado fuentes jurídicas. La Justicia se ha alineado en primera instancia, como ya lo había hecho cautelarmente en agosto, con las tesis expuestas por el Área de Menores de la Ciudad en contra de la implementación de un proceso que generó “una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los
menores” en la medida en que “no consta” que nadie se fuera a hacer cargo de los mismos “una vez repatriados, lo que determinaría que los mismos se encontrasen en situación de abandono o desamparo”.
Según las sentencias se produjo “una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral” de los menores reconocido en la Constitución española porque “no es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación” de acuerdo con lo exigido en la Ley de Extranjería.
Lo que dice el Gobierno central sobre este asunto: lo estudiarán
Los servicios jurídicos del Gobierno están estudiando "en estos momentos" la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta que ha condenado a la Delegación de Gobierno en esta ciudad autónoma a retornar a los menores extranjeros devueltos a Marruecos en agosto. Será entonces cuando tome una decisión. Así lo ha explicado la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras ser preguntada por este tema durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros que se ha celebrado este viernes.
La sentencia condena a la Delegación de Gobierno de Ceuta a "adoptar las medidas necesarias" para conseguir "el retorno de los menores de edad [no acompañados] que fueron efectivamente repatriados" a mediados del pasado mes de agosto a
Marruecos con la aplicación de un acuerdo entre Madrid y Rabat al margen de la legislación española que se ordenó paralizar cautelarmente. Rodríguez ha reconocido que el Gobierno fue conocedor de esta decisión este jueves y ha indicado que, desde el Ejecutivo, "por supuesto" se "respetan las decisiones judiciales". Del mismo modo, ha señalado que, "por ser rigurosa en la posición" sobre este tema, esperará a "los estudios que en estos momentos están haciendo los servicios jurídicos de análisis del contenido" de la sentencia. "Para ver cuál va a ser la reacción del Estado como parte en esta cuestión", ha concluido.