Delegación anuncia que el 26 de agosto se conocerá la cifra del reparto de menores

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha expresado con contundencia el compromiso del Ejecutivo central con los menores marroquíes no acompañados y ha advertido de que el rechazo de algunas comunidades autónomas a participar en el reparto de menores tutelados no quedará impune.

En rueda de prensa ha hablado de su participación en una reunión en Gran Canaria, Pérez detalló que el Gobierno está trabajando “bastante bien” en este asunto, y que el próximo 26 de agosto se celebrará un Consejo de Ministros clave donde se establecerán las cifras definitivas del reparto de menores.

La delegada denunció la falta de solidaridad territorial por parte de algunas autonomías gobernadas por el Partido Popular, señalando que se niegan a asumir su parte en el reparto. Afirmó que se está elaborando una guía de procedimiento para unificar los criterios administrativos, tanto en los territorios emisores como en los receptores, con el objetivo de facilitar la gestión del traslado de menores entre regiones.

“Esperamos contar con la colaboración de las administraciones receptoras, aunque, personalmente, no tengo ninguna esperanza porque están demostrando lo contrario a diario”, lamentó Pérez. Añadió que se está trabajando bajo un real decreto ley, cuyo incumplimiento “tendrá consecuencias penales y administrativas”.

Amenazas de actuación legal para los que incumplan

La delegada fue clara al advertir que cualquier funcionario que se niegue a acatar una orden de recepción de un menor inmigrante tendrá que enfrentarse a las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía. Reiteró que Ceuta es un territorio que vive una contingencia migratoria permanente, con muchos más menores de los que su renta per cápita puede soportar, por lo que subrayó que Ceuta es uno de los territorios más interesados en que el reparto se ejecute cuanto antes.

Durante la reunión en Canarias, aseguró haber encontrado la receptividad del ministro Ángel Víctor Torres para que Ceuta sea uno de los primeros territorios en ver reducido el número de menores tutelados en su sistema. El real decreto establecerá un número máximo de menores por comunidad, y una vez superado, entrará en juego el mecanismo de contingencia migratoria que permitirá iniciar los traslados.

“El procedimiento será coordinado desde la delegación del Gobierno en Ceuta y contará con la colaboración de la Ciudad Autónoma, con la que he estado en contacto permanente”, indicó. Destacó también la implicación del consejero de Sanidad, Alberto Gaitán, y de la jefa del área de menores, Toñi Palomo, agradeciendo su implicación para que Ceuta pudiera tener una voz fuerte en el encuentro celebrado en Canarias.

Reconocimiento al trabajo local en Ceuta

La delegada afirmó que Ceuta tiene perfectamente actualizados los expedientes de los menores inmigrantes, lo que facilitaría un reparto inmediato si así se ordenara. “El área de menores lo tiene todo preparado y eso es digno de alabar, sin importar el color político del Gobierno”, manifestó. Subrayó que el Ministerio está “tremendamente satisfecho” con la labor que se desarrolla desde Ceuta en este ámbito.

No obstante, anticipó dificultades: “Sabemos que va a ser muy complicado. Sabemos que se van a interponer recursos absurdos, que se van a usar estratagemas legales para bloquearlo”. Pero, añadió, no se puede permitir que se hable de solidaridad interterritorial solo cuando se discuten presupuestos, y no cuando se trata de atender a menores en situación de vulnerabilidad.

Pérez fue especialmente crítica con el caso de Pozuelo (Madrid), que según recordó, sí acogió a niños ucranianos pero rechaza a los de origen magrebí o subsahariano. “Habrá que hacérselo mirar. Pero claro, teniendo en cuenta quién preside la Comunidad de Madrid, demasiado lejos hemos llegado”, señaló en clara alusión a Isabel Díaz Ayuso.

Advertencia a la derecha y compromiso del Estado

La delegada aseguró que “la derecha y la ultraderecha se parecen cada vez más” en su oposición a la acogida de menores inmigrantes, pero anunció que se activará “toda la maquinaria del Estado” para que cada comunidad asuma los menores que le correspondan.

También desmintió uno de los argumentos recurrentes de las comunidades reacias a colaborar: “Ninguna comunidad tiene que pagar nada. El Estado asume íntegramente el coste de los menores que se reubican. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”, cuestionó. Pérez denunció que las trabas son ideológicas y que “con el nuevo sistema, eso no se va a consentir”.

Finalmente, advirtió que si es necesario se activarán mecanismos coercitivos, incluidos procesos sancionadores, para obligar a las comunidades a cumplir con la ley. “Estamos hablando de derechos humanos, de protección a la infancia. Aquí no hay margen para la insolidaridad ni la instrumentalización política”, concluyó.