Del ‘MAS’ al menos

El 12 de octubre de 2013 el  Presidente de la  Generalitat  de Cataluña,  dio inicio  a   una deriva  de marcado sesgo inconstitucional  al  convocar un referéndum  de autodeterminación  vulnerando el orden jurídico establecido que ni por su objeto, ni por el procedimiento pretendido,  podía  ser  compatible con  la Constitución Española.

Las pretensiones del  Sr. Mas y sus acólitos han pretendido  y siguen pretendiendo hacer añicos la  Carta Magna, la Ley de leyes,  que  en modo  alguno puede ser vulnerada por ninguna otra de rango inferior  si  contradijera  principios constitucionales; por ende,  ni  la  ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña, ni el Decreto de  convocatoria   para  el 9-N firmado por su Presidente sin  base legal alguna,  tienen futuro  ni efectos jurídicos vinculante  al  ser contrarios a la normativa constitucional;   nadie absolutamente nadie,  puede estar por encima de la ley,  y  el  Sr. Mas, se ha  erigido  en el  máximo  precursor de la ruptura social  catalana y en el más peligroso infractor de la ley y de la convivencia entre los españoles  traspasando  a  sabiendas  esa   línea  roja  de la legalidad  al persistir  en el camino de la inconstitucionalidad, desafiando al  Estado, al orden jurídico constituido e incurriendo en grave desacato al  TC. y  con ello, atentando de forma grave contra  el  derechos de todos los españoles, titulares que son,  de la soberanía nacional .
La soberanía reside en el pueblo español en su conjunto  del que emanan los poderes del Estado y una parte de él  no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos los españoles como pretende hacerlo el  Sr.  Mas, en su afán soberanista  al  atentar contra  uno de los pilares fundamentales del  Estado.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación  española y por tanto, cualquier intento de fracturarla es abiertamente contrario a la legalidad vigente y el  orden jurídico establecido.
 Ese derecho a decidir en los términos impuestos por la Generalitat, es negar   ese mismo derecho a quien realmente le corresponde que es al conjunto del pueblo español , es una actitud totalitaria y  profundamente antidemocrática, no en vano afirmaba  D. José Luis Fuentes  Suarez  al afirmar que “…la actual opción de la consulta sesgada y no democrática es claramente una opción meramente partidista y nefasta para el propio pueblo catalán, en el que sólo sembrará  la confusión y la frustración, y también para el resto de los ciudadanos que la consideran justamente como algo insolidario y antidemocrático…”.
Y como acertadamente afirmaba  nuestro Presidente Mariano Rajoy “No hay nada ni nadie, ni poder, ni institución ninguna que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa nuestra  Constitución”.
La Constitución española nacida del consenso de todos los españoles,  es  un compendio normativo por excelencia y  constituye la mayor garantía de igualdad en derechos y  libertades y aunque reformable,  ha de hacerse a través de los procedimientos que la propia Constitución establece para su reforma,  nunca violentando la legalidad como se viene haciendo  mediante una serie de actos consumados que encajan en lo punible, en total desafió al  estado de derecho y desoyendo al Tribunal Constitucional  que  ya advertía sobre la nulidad  con efecto retroactivo de todos los actos acordados  para promover la  consulta del 9-N;  y  por supuesto,  las instituciones del Estado  han estado y  están prontas a responder  al desafió soberanista.
Tras la sentencia del TC del  pasado 24 de marzo y las advertencias del alto Tribunal  para el  supuesto de  mantenerse el  órdago soberanista y la contundente respuesta del Gobierno del Estado,  han  llevado al Sr. Mas, a  buscar atajos en un desesperado esfuerzo  de mantener a toda costa  la convocatoria de una consulta en los mismos términos y a los mismos fines  en un frontal ataque a la  Constitución, al orden jurídico establecido y al  Estado de derecho;  y sin rubor alguno, utilizando para ello fondos públicos y sedes oficiales;  sea como fuese, su responsabilidad penal y política ya no tiene vuelta atrás.

*Luz Elena Sanín Senadora por Ceuta