El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este lunes en el Congreso de los Diputados y en el Senado el Informe Anual 2018 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP). En el mismo se recogen datos de Ceuta, como parte de las más de 800 resoluciones tramitadas tras visitar 111 centros de privación de libertad, entre ellas la
cárcel de Mendizábal. La Institución valora positivamente la Orden de Servicio 1/2018 sobre el control y seguimiento de las denuncias de los internos por malos tratos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esta orden establece que todas las denuncias deberán ser debidamente registradas, con independencia de la vía por la que se llegue a su conocimiento. El MNP confía en que esta iniciativa derive en la elaboración de un protocolo que permita una investigación y un seguimiento más completo por parte de la propia Administración. Al Defensor le preocupa que en algunas de las visitas se ha seguido detectando que no existe un libro en el que se registren las quejas, denuncias o procedimientos judiciales relativos a actuaciones incorrectas o malos tratos por parte de funcionarios con el fin de realizar un seguimiento de estos hechos. En el caso de Mendizábal se recogen algunos puntos negativos como por ejemplo que no se cumple con la dotación de personal, se carece de un sistema de interpretación de lenguas, no se facilita acceso por transporte público, falta de talleres productivos y de registro de demandas de asistencia urgencias. Respecto a Mendizábal el Defensor ha formulado sugerencia para que se mejorara el protocolo sobre extracción y conservación de imágenes y su puesta a disposición judicial. Durante la visita a la prisión de Ceuta, el Defensor explica que “se observó que la responsabilidad del acceso a las grabaciones estaba en manos de una empresa externa y no de los responsables del centro, por lo que se ha formulado sugerencia instando a variar esta práctica. Asimismo, respecto de las imágenes en las que se reflejan hechos con trascendencia disciplinaria, se ha constatado que su visionado no se documenta ni se incorpora al expediente, lo que impide su empleo por los internos en el propio procedimiento y en los eventuales recursos posteriores. Se ha formulado sugerencia a fin de que se les permita dicho acceso en estos supuestos”. En total en Ceuta hay 316 hombres presos y 19 mujeres, mientras que en preventivo hay 57 y 274 penados. En cuanto al empleo de sujeciones regimentales se han tenido que usar en 7 casos esposas y en 13 correas.
Otros asuntos analizados: Punta Blanca y Frontera del Tarajal
En la memoria presentada por el Defensor se recoge además las dos únicas denuncias tramitadas en centros de menores relativas ambas al centro de
Punta Blanca. Así explica que solo se recibieron dos quejas de menores que fueron desestimadas, una sobre suspensión de visita familiar y la otra por trato discriminatorio respecto de otros menores. En cuanto a las denegaciones de entrada en puestos fronterizos que competen a la Policía Nacional experimentaron en 2018 un incremento de casi un tres por ciento respecto del año 2017. Su distribución por puestos sigue la tendencia habitual, tres de cada cuatro se realizan por puestos fronterizos aéreos (y dentro de ellos un 77% se resolvieron por el puesto fronterizo de Madrid-Barajas y un 19,5 % por el de Barcelona-El Prat); por vía marítima se efectuaron el 20 por ciento de las denegaciones de entrada (la mayor parte de ellas en los puertos gaditanos de Tarifa y Algeciras) y casi un 5 por ciento por puestos terrestres, en los que Beni Enzar (Melilla) y El Tarajal (Ceuta) copan el 97,5 por ciento de las denegaciones, aunque la amplia mayoría ha sido en nuestra ciudad.