El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Ministerio del Interior que regule de forma “exhaustiva y detallada” el uso de armas de descarga eléctrica -pistolas táser-, que en Ceuta se aprobó en pleno para comprarlas para la Policía Local, aunque la dotación de 125.000 euros que inicialmente se había previsto destinar a ese acuerdo se redirigieron a otros objetivos.
Fernández Marugán reclama una regulación estatal que establezca unas directrices para que todos los cuerpos policiales tengan unos criterios comunes para su utilización.
La Institución, a través de las visitas de inspección que realiza en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha constatado que cada vez más cuerpos policiales cuentan con armas de descarga eléctrica.
Así, Fernández Marugán señala que el uso de este tipo de pistolas constituye siempre una situación de riesgo y recuerda que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre su utilización reclamando una legislación específica para su manejo.
l MNP coincide con el CPT en que la utilización de estos dispositivos se debe limitar a los casos en que exista una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesión grave, y su uso debe estar sujeto a los principios de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad, aviso previo y precaución.
Formación, control y supervisión
A juicio del Defensor, la regulación de las armas de descarga eléctrica debe contener instrucciones minuciosas para su utilización. Así, aboga por que los agentes que utilicen esta clase de pistolas reciban una formación específica sobre su uso y sean seleccionados entre personas con alta resistencia al estrés.
En su opinión, debería existir un procedimiento de control y supervisión, que incluya la presentación obligatoria de un informe por cada caso en el que se haya usado la pistola táser. Además, para un mayor control, las actuaciones deberían ser grabadas para que se puedan realizar inspecciones sobre su utilización.
Por otra parte, el Defensor considera que se debería realizar un reconocimiento médico a las personas contra las que se haya utilizado esta arma y un posterior seguimiento de las secuelas que les pueda producir.
Fernández Marugán muestra su preocupación por el uso de estas armas con personas que puedan padecer afecciones cardiacas y señala que se debe prohibir su uso contra personas vulnerables, incluidos menores, mujeres embarazadas o personas mayores.
